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El domingo se celebra el plebiscito convocado por la oposición venezolana. En este sufragio se pretende demostrar que la mayoría del pueblo está en contra de la Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro.
El domingo se celebra en Venezuela el plebiscito convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La consulta se celebra en un contexto nacional donde la inflación está en 175% y el salario mínimo está en US$24,7. Según estos datos, si un venezolano se traslada hacia uno de los países vecinos, como Colombia, su sueldo mínimo le alcanzaría para comprar 13 cubetas de huevos (US$1,8 por bandeja de 30) o diez bolsas de arroz de 3.000 gramos (US$1,4 cada uno).
La oposición venezolana, conformada por varios partidos políticos como Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Copei, Proyecto Venezuela y Primero Justicia, entre otros, exhorta a que sus compatriotas dentro y fuera del país participen en la consulta popular del domingo para “rechazar de manera definitiva al fraude constituyente propuesto por Nicolás Maduro y recuperar la libertad de la nación”, expresa la MUD en su página oficial.
Así las cosas, en esa convocatoria se harán tres preguntas: ¿rechaza y desconoce la realización de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?, ¿demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? y ¿aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional?
Si la mayoría responde a estos cuestionamientos que sí, esto puede indicar “que la Constituyente no la quieren los venezolanos, que es ilegítima, que la mayoría del pueblo venezolano está del lado contrario de la Constituyente y que lo que quiere es un cambio político serio”, expresó Luis Salamanca, profesor asociado en la Universidad Central de Venezuela en movimientos sociales y derecho constitucional. Según la MUD, con la consulta iniciará una fase “decisiva” para sacar del poder a Maduro. Sin embargo, el gobierno ha manifestado que “(el plebiscito) no lo va a reconocer”, indicó Salamanca.
Otra de las decisiones que ha tomado el Gobierno venezolano frente al sufragio del domingo es ordenar que la prensa evite hablar o promover esta iniciativa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) rechazó la “arbitraria e inconstitucional decisión (...) de prohibir a los medios de comunicación radioeléctricos publicar informaciones que hagan referencia a la ‘consulta popular’”, expresó en un comunicado. El gremio consideró esta medida como un acto de “censura” puesto que las autoridades de su país advirtieron que de promocionar el plebiscito estas tendrían “sanciones”.
Expresidentes observarán
Cinco expresidentes latinoamericanos viajarán a Venezuela para participar como observadores del plebiscito opositor. La misión está conformada por Laura Chinchilla, de Costa Rica; Vicente Fox, de México; Andrés Pastrana, de Colombia; Jorge Quiroga, de Bolivia, y Miguel Àngel Rodríguez, de Costa Rica.
Los exmandatarios fueron convocados por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea) que recibió una invitación de Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Esta representa la segunda misión de Idea a Venezuela donde asistió a las elecciones parlamentarias en 2015 donde la MUD ganó el control de la Asamblea Nacional, cuyos poderes intentaron ser desconocidos por el Tribunal Supremo de Justicia.
ONU insta a que se permita la consulta
Naciones Unidas solicitó a las autoridades venezolanas a que permitan que la gente participe el domingo en el referendo convocado por la oposición. Asimismo, solicitó que se garantice que los organismos de seguridad no implementarán la fuerza excesiva contra los opositores. “Las autoridades venezolanas no deberían interferir con las manifestaciones pacíficas (...) Deberían facilitar el ejercicio del derecho del pueblo a las reuniones pacíficas y la libertad de expresión”, señaló la relatora especial de libertad de asociación de la ONU, Annalisa Ciampi.
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