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Desde septiembre el bitcoin será moneda de curso legal en el país, que pidió asesoría internacional. El Bcie se le dará y el BM la negó
Aún no hay evidencias para determinar si Nayib Bukele es un pionero mundial de la política cambiaria o un demagogo que conduce a su país hacia un nuevo desastre.
Bukele es el presidente de El Salvador, poseedor en tal condición de una altísima popularidad y quien sorprendió a su país y al mundo cuando el sábado 6 de junio en su intervención en el evento Bitcoin 2021, en Miami, anunció que su país adoptaría a esa criptomoneda como divisa de curso legal.
Nadie sabía que Bukele tenía ese as bajo la manga. Fue un anuncio tan sorpresivo que sus propios ministros no parecían estar al tanto. En su intervención, el mandatario dijo que enviaría un proyecto de ley al respecto, a la Asamblea Legislativa.
Y cumplió rápidamente. El lunes siguiente ya la Asamblea tenía el proyecto y en la sesión plenaria de ese mismo día aprobó en tiempo récord una ley que, al menos en teoría, se supondría que sería objeto de un amplio debate. No se adopta una nueva moneda de un día para otro; es un tema demasiado delicado y con muchas aristas, como para que en un órgano legislativo lo estudien y decidan en pocas horas.
Pero en El Salvador ello es posible porque el partido Nuevas Ideas tiene 56 escaños de los 84 con que cuenta la Asamblea. Es una mayoría con la cual, sin necesidad de sus aliados (ocho diputados de otros partidos), tiene un poder aplastante. Y es el partido de Bukele. Así, cuando él requiere de aval legislativo lo obtiene sin problemas.
La Ley Bitcoin (nombre oficial) sorprende por su simplicidad. Tiene apenas 16 artículos, que establecen básicamente que es una “moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción”, que su tasa de cambio con el dólar será establecida “libremente por el mercado”, que todo precio se podrá expresar en bitcoins y que con tal moneda se podrá pagar cualquier obligación tributaria.
La norma dispone también que todo salvadoreño tendrá que aceptar el bitcoin como forma de pago por bienes o servicios, pero hace la salvedad de que para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia.
La Ley dice expresamente que regirá 90 días después de publicada, de manera que empezará a regir desde el 9 de septiembre.
La primera reacción feliz provino de la firma estadounidense Strike, especializada en el manejo de remesas a través de aplicaciones financieras, que prometió su apoyo al gobierno para la construcción de la infraestructura financiera necesaria. Su CEO, Jack Mallers, sostiene que la decisión salvadoreña llevará al bitcoin a otro nivel. “Es el activo de reserva más grande jamás creado, como una red monetaria superior; adoptar el bitcoin es una forma de proteger a las economías en desarrollo de posibles impactos derivados de la inflación de su moneda local”.
Esa protección no solo no está comprobada, sino que Mallers olvida que El Salvador no tiene “moneda local”, porque el colón murió el 1 de enero de 2001, cuando el país adoptó al dólar como su moneda de curso legal. De paso, no tener divisa propia implica restricciones de política monetaria y elimina la opción de influir sobre la tasa de cambio, mecanismos de frecuente uso en otros países.
Desde septiembre, El Salvador contará con dos monedas legales: dólar y bitcoin. Y si, de acuerdo con la Ley, ambas serán medio de pago, la primera inquietud que le surgió al salvadoreño común es cómo le pagarán su salario. El propio gobierno luce confundido: el ministro de Trabajo dijo que se estudiaba la posibilidad pagarlo en bitcoins, pero el titular de Hacienda aseguró que se pagará en dólares.
El proceso no será tan sencillo como la Ley. Se precisarán, de entrada, de reformas estatutarias del Banco Central y del sector financiero, además de una ambiciosa campaña de educación financiera para que la población pueda manejar con destreza la criptomoneda. La compleja tarea que se avecina llevó a que el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie) anunciara que prestará asistencia técnica al gobierno en lo que este requiera.
Consciente de que ese tipo de ayuda será indispensable, el Gobierno acudió en busca de la misma al Banco Mundial, pero se encontró con una respuesta que no esperaba: no. Al BM le preocupan tanto la transparencia del proceso, como el impacto ambiental del minado con el que se genera la criptomoneda y que consume energía en exceso.
El Fondo Monetario Internacional tampoco está convencido de que la ‘bitcoinización’ sea una buena idea. Ese plan genera “significativos riesgos” para la economía salvadoreña, porque “plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”.
La banca local tuvo que salir a aclarar que continuará haciendo sus operaciones en dólares. La Asociación Bancaria Salvadoreña promete que los depósitos y los créditos se mantendrán contabilizados en dólares y se declara a la espera del reglamento operativo para el sector, pero pide que el Gobierno los tenga en cuenta para trabajar en conjunto la educación financiera que se requerirá.
Las clasificadoras de riesgo ya empezaron sus análisis. Moody’s ya hace parte del bando de los escépticos al advertir que se generarán riesgos para la estabilidad monetaria y para el sistema financiero. Y agrega un problema de fondo: El Salvador no tiene “un programa económico coherente”.
Al JPMorgan Investment Bank tampoco le seduce la idea del bitcoin. Advierte que no solo le ve pocos beneficios para la economía, sino que el país está arriesgando la negociación que adelanta para un crédito del FMI por US$1.300 millones.
Hay muchos más temas que la administración Bukele deberá aclarar. Por ejemplo, uno trascendental: ¿El Salvador pagará sus importaciones con bitcoins? Su vecino al norte, Guatemala, ya a está a la expectativa.
Los creyentes en la opción del bitcoin citan un caso que ya es comprobable: en las turísticas playas de El Zonte, el bitcoin ya es de uso frecuente, aceptado en todo el comercio e incluso hay un cajero automático de la criptomoneda.
Pero una cosa es una playa y otra, un país entero. Amparado en su prestigio interno, Bukele puede improvisar. Pero en política cambiaria, la improvisación no es un camino seguro.
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