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La última paralización gubernamental, en octubre del 2013, se prolongó por más de dos semanas
Cientos de miles de trabajadores federales de Estados Unidos comenzaron a suspender operaciones el lunes y las agencias del Gobierno se mantenían cerradas, mientras el Senado buscaba reanudar el financiamiento, aunque sea temporalmente, mediante la resolución de una disputa sobre inmigración.
Mientras los empleados del Gobierno se alistaban para el primer día laboral desde que empezó la paralización oficialmente a medianoche del viernes, los senadores estadounidenses agendaron una votación al mediodía sobre un recurso temporal de la ley de financiamiento que permita retomar las actividades hasta inicios de febrero.
El apoyo a la medida legal no está claro, después de que republicanos y demócratas pasaron todo el domingo intentando lograr un acuerdo -en medio de fuertes diferencias sobre políticas migratorias- y se vieron forzados a volver a casa sin un entendimiento.
Los empleados federales recibieron avisos el sábado por la noche sobre si estaban o no exentos de la paralización, dijo el director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.
Dependiendo de sus horarios, a algunos se les dijo que permanecieran en casa o que fueran a sus oficinas por hasta cuatro horas el lunes a cerrar operaciones y que luego dejaran sus labores. Ninguno de ellos recibirá pago.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo tarde el domingo que la votación durante la madrugada para financiar las operaciones del Gobierno federal hasta el 8 de febrero había sido cancelada, y que se llevaría a cabo el lunes al mediodía hora del este de Estados Unidos (1700 GMT).
Hasta el lunes, la mayoría de los empleados federales no se habían visto afectados directamente por el cierre, que empezó el viernes.
La última paralización gubernamental, en octubre del 2013, se prolongó por más de dos semanas y más de 800.000 empleados federales se vieron afectados por la licencia sin goce de sueldo.
Esta vez, la disputa está enfocada en las políticas de inmigración, principalmente por el decreto que emitió el año pasado el presidente Donald Trump poniendo fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que ofrecía protección contra la deportación a los llamados inmigrantes "Dreamers".
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