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Los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo y la ley de amnistía han provocado rechazo entre diferentes sectores
Las principales asociaciones empresariales se han manifestado contra los acuerdos del Psoe con el independentismo, alertando de que el deterioro de la seguridad jurídica puede frenar la inversión y el crecimiento.
Los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo y la ley de amnistía han provocado un tormenta de reacciones de rechazo en el mundo empresarial, que cada vez alza la voz en mayor número y con más decibelios.
A lo largo de los últimos días y horas, el clamor ha ido in crescendo hasta convertirse en estruendo. De norte a sur y de este a oeste, las principales organizaciones empresariales de toda España han mostrado su oposición frontal a los pactos de Pedro Sánchez con el separatismo por su impacto negativo sobre la igualdad de los españoles, la grave amenaza que suponen para la separación de poderes, el deterioro institucional y de la seguridad jurídica que representan y, por tanto, por el daño que pueden causar en el tejido empresarial, en la inversión y, en consecuencia, en el crecimiento económico.
Si el lunes lo hicieron las grandes patronales, ayer fue el turno de los empresarios familiares y otras organizaciones.
En un contundente comunicado, la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (Amef) se opuso tajantemente al "acuerdo firmado entre el Psoe y su socio separatista (en alusión a Junts), que implica el fin del Estado de Derecho en España".
Sin paños calientes, la Amef alertó de que "la situación es crítica y ninguna institución puede permanecer indiferente" ante los movimientos del Gobierno en funciones y de sus aliados que, a juicio de la institución, suponen un "atentado contra la separación de poderes", con especial énfasis en "la incalificable mención del lawfare" (supuesta judicialización de la política) que figura en el pacto sellado entre Psoe y Junts.
Los empresarios familiares madrileños fueron más allá y denunciaron "el intento de control político del poder judicial" que implica dicho acuerdo, "propio de regímenes bolivarianos". Desde el prisma económico, la Amef advirtió de que "el deterioro de la seguridad jurídica" provocará una "inevitable salida de empresas y empresarios", lo que "va a dañar gravemente a nuestra economía", al tiempo que mostró su rechazo frontal a la condonación de deuda del Estado a algunas autonomías, que hará que "el conjunto de España financie a las regiones más ricas", ahondando en "la constante vulneración de la igualdad entre españoles".
El malestar no se ciñe, ni mucho menos, a la empresa familiar madrileña, sino que se extiende como un reguero de pólvora por todos los territorios. El Instituto de Empresa Familiar (IEF) y sus dieciocho asociaciones territoriales, que aglutinan a más de 1.800 empresas familiares de toda España, se hicieron eco de la "honda preocupación" que los pactos de Pedro Sánchez han suscitado "en instituciones y asociaciones centrales al sistema de administración de justicia", reclamaron "consensos amplios" para acometer las reformas estructurales que exige el contexto, e hicieron un "llamamiento a las fuerzas políticas democráticas para que impere la responsabilidad, la moderación y el firme respeto a los pilares fundamentales de la sociedad española".
Los empresarios familiares se sumaron así al clamor generalizado del tejido empresarial y de las grandes patronales, que en los últimos días se han revuelto contra los pactos de Sánchez por impactar de lleno en la igualdad de los españoles y poner en serio riesgo el crecimiento y la inversión. Ceoe alertó el lunes de que los acuerdos cerrados con el nacionalismo y el independentismo "están creando un clima de negocios cada vez más complicado, dificultan el crecimiento económico, la creación de empleo (...) y afectan de forma directa al principio de igualdad de los españoles".
En un duro comunicado, suscrito también por Cepyme y por la Federación de Autónomos ATA, la patronal que preside Antonio Garamendi alertó, "como han hecho los jueces y otras instituciones, del grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo".
Ayer mismo, Garamendi insistió en el rechazo de la amnistía por parte de la patronal y enfatizó que "en el mundo de la empresa, en el mundo de la economía, que es fundamental para un país, la palabra confianza es la clave".
Precisamente, la desconfianza que generan esos pactos y sus posibles efectos sobre la seguridad jurídica han desatado el miedo a una espantada de la inversión empresarial. Así, el Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), que engloba a los principales empresarios y directivos de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, advirtió el lunes de que los pactos sellados por Sánchez con el independentismo, de materializarse, además de suponer "la ruptura con la Constitución Española", harían "inviable todo planteamiento de inversión y desarrollo económico acorde con el ejercicio de la libertad de empresa en un espacio de libertad y seguridad jurídica".
De hecho, Cesur fue más allá y aseguró que "en estos últimos días se han paralizado ya varios proyectos millonarios de inversión en el Sur de España que deberían de generar miles de nuevos empleos".
Su diagnóstico y su preocupación son compartidos por otras organizaciones regionales, como la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que ha alertado de que "el cuestionamiento de la independencia judicial o la introducción de injerencias del tipo que sean, condicionará la seguridad jurídica de nuestros operadores económicos y disuadirá nuevas inversiones", dejando claro que "desde Galicia, entendemos este acuerdo como una afrenta a nuestra Constitución, pero sobre todo como una apuesta deliberada por la desigualdad entre las comunidades autónomas y entre los españoles".
En Cataluña, de forma anónima, algunos empresarios catalanes expresaron ayer su inquietud por los pactos sellados por el PSOE con Junts y ERC. Consideran que estos acuerdos reabren un problema, el de las reivindicaciones independentistas, que ya estaba en un segundo plano en Cataluña y lamentan que la gobernabilidad de España dependa de fuerzas políticas separatistas que estuvieron lejos de ganar las últimas elecciones generales en la comunidad autónoma. Por otra parte, algunas empresas que trasladaron su sede social a raíz del referéndum ilegal de octubre de 2017 aseguran no haber recibido ningún tipo de indicación o sugerencia en el sentido de situar de nuevo su domicilio social en Cataluña, informa José Orihuel.
En el marco de esta batería de reacciones en cadena, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), entre cuyos asociados figuran más de 3.900 empresas y alrededor de 60.000 directivos, mostró su "rechazo ante toda vulneración del Estado de Derecho y de la legalidad constitucional, su condena del quebrantamiento de la separación de poderes como eje fundamental de nuestra democracia, y su profunda preocupación por la ruptura del principio de igualdad entre los españoles".
Mientras, la Asociación de Consultores Inmobiliarios (ACI) manifestó su "preocupación ante medidas que puedan suponer una pérdida significativa de seguridad jurídica, calidad democrática y confianza de los inversores. Según la entidad, que agrupa a las principales consultoras inmobiliarias que operan en España, como BNP Paribas, Cbre, Knight Frank o Savills, alertó de que "las medidas anunciadas tendrán repercusiones negativas en la economía española, afectando la percepción de estabilidad y transparencia que son esenciales para atraer y retener inversiones".
165 exparlamentarios de todo signo denuncian la amnistía: "Fractura principios básicos"
Exdiputados y exsenadores de todo el arco parlamentario se unieron ayer para mostrar su rechazo y "honda preocupación" por los pactos firmados por Pedro Sánchez con el separatismo catalán, en los que sobresale la ley de amnistía, y que "suponen una fractura de principios básicos del Estado de Derecho que los españoles establecimos en la Constitución como pilares de la convivencia".
Así lo recoge un manifiesto firmado por 165 exparlamentarios, entre ellos dieciocho ministros de diferentes gobiernos de la Democracia, pertenecientes a formaciones como PP, Psoe, Ciudadanos, o las extintas UCD, CDS o UPyD.
Los firmantes del documento denuncian la "flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley, al pretender la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma".
También aluden a "la quiebra del principio de separación de poderes y de la independencia judicial mediante el espurio concepto de lawfare", al tiempo que cargan contra "el establecimiento de privilegios de índole económica y financiera hacia determinadas comunidades autónomas".
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