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Cerca de 24 países africanos han tomado la decisión de eliminar este castigo en sus sistemas judiciales, y varios lo han hecho recientemente
El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, firmó recientemente la Ley de Abolición de la Pena de Muerte, convirtiéndola en una medida oficial en el país. Aunque las ejecuciones fueron suspendidas en 2005, cuando se llevaron a cabo las últimas ejecuciones de Stephen Chidhumo y Edgar Masendeke, más de 60 personas permanecían en prisión bajo condena de muerte.
Con la nueva legislación, estas penas serán conmutadas, y los sentenciados recibirán nuevas condenas. La aprobación del Parlamento de Zimbabue el pasado 11 de diciembre abrió el camino para que el presidente firmara la ley este martes, marcando un hito en la historia reciente del país.
La pena de muerte en Zimbabue tiene sus raíces en la época colonial, cuando el país era parte de la Federación de Rodesia bajo el dominio británico. A pesar de la independencia obtenida en 1980, el código penal del país mantuvo esta práctica.
Sin embargo, tras la suspensión de las ejecuciones hace casi dos décadas, la cuestión de la pena capital había quedado en el debate, con grupos de derechos humanos presionando para su abolición definitiva. Desde 1980, un total de 79 personas fueron ejecutadas por ahorcamiento en Zimbabue, pero las últimas ejecuciones ocurrieron en 2005, lo que refleja un cambio en la política del país.
Zimbabue se suma a una tendencia creciente en África de abolir la pena de muerte. De hecho, 24 países africanos han tomado la decisión de eliminar este castigo en sus sistemas judiciales, y varios lo han hecho recientemente, como Chad, la República Centroafricana, Sierra Leona y Zambia, que abolieron la pena capital después de 2020. A nivel mundial, la abolición de la pena de muerte es cada vez más común, con 113 países que ya no la aplican, según cifras de Amnistía Internacional. La firma de esta nueva ley en Zimbabue refuerza el movimiento global hacia la eliminación de este castigo.
A pesar de la tendencia global, algunos países, como China, Irán y Arabia Saudita, siguen aplicando la pena de muerte de manera activa. Sin embargo, la reciente decisión de Zimbabue coloca al país en un grupo de naciones que buscan alternativas a la pena capital, basándose en principios de derechos humanos y justicia. La medida también responde a las presiones internacionales y a un cambio en la percepción pública sobre la eficacia de la pena de muerte como disuasivo.
El presidente Mnangagwa ha sido una figura controvertida en la política zimbabuense, especialmente por su lucha contra el colonialismo y por haber sido condenado a muerte durante ese período por su activismo en la lucha anti-imperialista.
A pesar de su pasado, el mandatario se ha mostrado como un líder que respalda la reforma judicial, lo que se refleja en su decisión de abolir la pena de muerte. Este cambio se presenta como una evolución en la política interna del país, que busca modernizarse y alinearse con los estándares internacionales en cuanto a derechos humanos.
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