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Los gobiernos denuncian una "inconsistencia" en el sistema actual que produce "discrepancias relevantes" y genera "confusión" a la hora de evaluar si un Gobierno ha cumplido o no con los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea. Todo gira en torno al concepto de Producto Interior Bruto potencial, que mide cuánto podría producir un país si utilizase todos sus recursos. Los países critican tanto el método de cálculo utilizado por la Comisión, como la validez del indicador para valorar el esfuerzo real de los Gobiernos para cuadrar sus cuentas.
La misiva está firmada por el ministro de Economía español, Luis de Guindos, y por sus homólogos de Italia, Portugal, Luxemburgo, Lituania, Letonia, Eslovenia y Eslovaquia y tiene como remitentes a Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, y a Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicas. Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, estaba en copia.
Se trata de un momento clave para cuestionar este método de cálculo de la Comisión. La carta llegó a Bruselas nueve días después de que el Ejecutivo comunitario apercibiera formalmente al Gobierno español sobre un previsible incumplimiento del déficit público de 2016. Hoy mismo, Cristóbal Montoro anunciará los datos definitivos de contabilidad nacional del año pasado, que probablemente mostrarán que España ha incumplido por varias décimas el objetivo de déficit de 2015, del 4,2%. A partir de entonces Eurostat revisará estos datos y los publicará su versión validada el 21 de abril. Esta servirá de base para que la Comisión valore el esfuerzo fiscal realizado por España.
Crítica en dos frentes
La crítica de los Gobiernos al sistema usado por la Comisión Europea se despliega en dos frentes. Uno, más técnico e inmediato: cómo calcular el PIB potencial. El otro, de fondo: este indicador no sirve. Sobre el primer asunto, los Ejecutivos nacionales piden al europeo que corrija con efectos inmediatos su fórmula de cálculo, ya que de este dato se deduce el componente estructural del déficit público, que excluye los ingresos y gastos que dependen del ciclo económico. La Comisión utiliza este indicador para decidir si un Gobierno ha hecho todo lo posible para consolidar sus cuentas públicas y, en consecuencia, ofrecer prórrogas en esa senda fiscal o abrir procesos sancionadores.
Ahora mismo, para calcular del PIB potencial el Ejecutivo europeo solo usa proyecciones económicas a dos años vista (2017), mientras que los Estados Miembros utilizan una perspectiva a cuatro años. "Una diferencia en el horizonte temporal [...] produce discrepancias relevantes en el balance estructural, generando confusión en la evaluación de variables clave de las finanzas públicas, en particular en la evaluación del cumplimiento con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluido el análisis de los Borradores de Plan Presupuestario de los Estados Miembro de la zona euro", indica la misiva.
Los Gobiernos indican que los horizontes más largos "son un plus para una gestión sólida y sostenible de las finanzas públicas" y "sugieren encarecidamente a la Comisión que amplíe su horizonte de dos a cuatro años".
Ese sería el principal objetivo de la carta. Pero por otro lado, las ocho capitales también aprovechan la misiva para cuestionar el protagonismo del PIB potencial en todo el proceso, y urgen a completarla con otras variables: "Se han planteado dudas más sustanciales sobre la metodología comúnmente acordada y también se ha sugerido complementar el diferencial de producción [medido con el PIB potencial] con otros indicadores [...] Apoyamos una intensificación del trabajo técnico en esta materia".
La Comisión no ha querido valorar el argumentario de estos ocho Gobiernos. "Podemos confirmar que la Comisión ha recibido la carta y que está examinando su contenido", afirma un portavoz a este medio.
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