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El país busca impulsar también la lucha contra empresas fantasma o la aplicación del IVA a plataformas digitales como Airbnb
La presidencia española de la Unión Europea busca amarrar la directiva 'Faster' en el próximo Ecofin mientras impulsa las dirigidas a luchar contra las empresas fantasma y el cobro de IVA a plataformas digitales como Airbnb.
Encauzar la reforma de las reglas fiscales, para definir las nuevas sendas de ajuste a los límites comunitarios de deuda y déficit, es el gran objetivo que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea se ha marcado para su semestre en el plano de los expedientes económicos pendientes. España, sin embargo, aspira también a amarrar, o al menos a lograr avances significativos, en el diseño de un puñado de relevantes directivas en materia tributaria. La más avanzada, que aspira a cerrar antes de final de año, es la que acotará las retenciones tributarias sobre dividendos e intereses para mejorar la competitividad fiscal del mercado de capitales de la UE.
En paralelo, España busca impulsar también la lucha contra empresas fantasma o la aplicación del IVA a plataformas digitales como Airbnb, mientras que admite que la directiva de fiscalidad energética que debía elevar el gravamen sobre los carburantes ha encallado tras la guerra en Ucrania y la ola inflacionaria.
Así lo reveló ayer la directora general de Tributos del Gobierno en funciones, María José Garde, durante su intervención inaugural en el XXXIII Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), celebrado en Burgos, en la que desgranó los avances cosechados hasta la fecha en cada uno de los expedientes. Como titular de la presidencia rotatoria de la UE, España actúa como coordinadora de las reuniones entre los diferentes países, en las que se encarga de tratar de urdir los consensos necesarios para impulsar las iniciativas pendientes de desarrollo.
El expediente en que más ha avanzado es el de la denominada directiva Faster, que aspira a reducir las trabas tributarias a la libre circulación de capitales entre Estados de la UE. El plan pasa, entre otras cosas, por desarrollar un certificado de residencia fiscal y digital a escala europea. Las modificaciones más relevantes, no obstante, están relacionadas con la posibilidad de acotar los excesos de retenciones impositivas aplicadas por determinados países sobre dividendos e intereses.
El texto de partida es la propuesta de Directiva del Consejo sobre procedimientos más rápidos y seguros para la exacción de retenciones en la fuente sobre determinados dividendos e intereses transfronterizos, publicada en julio por la Comisión Europea, y tras las negociaciones que en los últimos meses han acometido los socios comunitarios el proyecto tiene visos de prosperar pronto. De hecho, Tributos aspira a lograr un consenso definitivo en el próximo Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE, el Ecofin, que se celebrará el 9 de noviembre en Bruselas.
La regulación supondría una reducción de los costes en los que, directa e indirectamente, incurren los inversores en el mercado de capitales europeo cuando buscan lograr la devolución de un exceso de retenciones fiscales soportadas respecto al pago de dividendos e intereses de bonos comercializados en el ámbito comunitario, explica un informe de EY Abogados sobre la materia. La firma agrega que la iniciativa también busca desarrollar mecanismos de devolución de retenciones fiscales que resulten más seguros frente a estratagemas como los denominados esquemas Cum/Cum que algunos accionistas utilizan para tratar de sortear el pago de impuestos a partir de las diferencias regulatorias entre los diferentes países europeos, obteniendo devoluciones dobles. El objeto, en definitiva, es elevar la competitividad del mercado de capitales europeo y mejorar la eficacia de los sistemas de la devolución de retenciones pero blindándolas ante las técnicas de evasión y elusión de impuestos.
El calendario manejado por la Unión Europea es el de implementar la directiva antes del 31 de diciembre de 2026 para que sean de plena aplicación desde el 1 de enero de 2027. Se trata de una directiva procedimental, no material, de menor complejidad que otras iniciativas pendientes de desarrollo, por lo que las expectativas de la presidencia española de dejarla encauzada bajo su mandato parecen fundadas.
A partir de ahí, los avances son desiguales en el resto de directivas fiscales en cartera. De un lado, España está impulsando la directiva del IVA de la economía digital, prevista para regular la aplicación de la imposición indirecta sobre servicios de intermediación digital como los prestados por plataformas como Airbnb, entre otras. "Es una directiva muy importante y técnicamente muy compleja pero los equipos de la secretaría de Estado de Hacienda podrán llevar a buen puerto, si no al 100%, en un porcentaje muy elevado", aseveró Garde.
En paralelo, la UE trabaja en una directiva contra el uso de sociedades shell (cascarón, en inglés), o compañías fantasma, con el objetivo de identificarlas correctamente y evitar su uso para la evasión fiscal, si bien hay diferencias entre países que España todavía está intentado salvar.
Otro expediente clave en fase de tramitación es la modificación de la directiva de la fiscalidad de los productos energéticos, que pasa por reducir las exenciones sobre hidrocarburos, gasóleos profesionales, pero que ha encallado ante las tensiones que ha generado la crisis energética y de precios en los diferentes países. "Ante el incremento de precios, la negociación se ha estancado en un punto que no es fácil de desatascar", dijo Garde.
Más allá, la Unión Europea tiene pendiente el desarrollo de los acuerdos del llamado Pilar 1 de la fiscalidad internacional que negocia la Ocde, y que pasa por repartir la recaudación obtenida en las sedes de las multinacionales entre todos los territorios en que operan, como complemento al ya adelantado Pilar 1, que desarrolla el tipo mínimo societario global del 15%.
Pendientes está también la regulación de los precios de transferencia intragrupos; la simplificación de las trabas fiscales para pymes que operan de manera transfronteriza; y la reforma de la unión aduanera, si bien no se esperan grandes avances en este terreno antes de fin de año.
"La falsa modernización" del sistema de acceso a los cuerpos superiores de la Administración Pública, incluyendo al cuerpo de Inspectores fiscales, que ha impulsado el último Gobierno, hoy en funciones, "hace peligrar" los recursos humanos de la Agencia Tributaria, denunció ayer Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), durante la inauguración del Congreso nacional del colectivo.
El XXXIII Congreso Nacional de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que ha reunido a unos 600 miembros del colectivo en Burgos, se celebra bajo el lema Una mirada a la Administración Tributaria desde la sociedad, pero no tardó en convertirse en una visión crítica desde el cuerpo hacia los planes del último Gobierno, hoy en funciones.
El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez impulsó, concretamente, una revisión de las convocatorias de oferta pública que pasaba por facilitar a los cuerpos técnicos el acceso a los cuerpos superiores de la Administración, incluyendo el paso a los cargos de inspector de Hacienda o de Trabajo mediante pruebas simplificadas tipo test, por ejemplo.
La medida provocó el rechazo frontal de buena parte de estos colectivos, con los inspectores de Hacienda a la cabeza. "Vemos peligrar nuestros recursos humanos, y si algo se debe cuidar son los recursos humanos de la Agencia Tributaria", expuso ayer la presidenta del IHE.
"Para la buena imagen de Administración Tributaria", argumentó, lo primero es cuidar sus recursos humanos, a fin de que cuando los ciudadanos tengan algún problema detrás de "la Agencia Tributaria esté una persona bien formada, bien preparada, y elegida de manera independiente", no bajo criterios arbitrarios. "Modernizar no es rebajar el nivel", agregó, alegando que fijar ascensos por "criterios subjetivos pueden poner en peligro la independencia del funcionario y su toma de decisiones".
"Yo también soy contribuyente y quiero que me atienda una persona que esté preparada y que tenga el conocimiento suficiente y sobre todo que no sea una persona que va a estar sólo durante un tiempo", remachó luego en declaraciones a la prensa tras su intervención inicial, criticando la decisión del Gobierno de apostar por el uso de interinos para la cobertura de puestos en la Administración Tributaria pese al rechazo de la Unión Europea a este tipo de parches laborales. De la Herrán abogó por actualizar las pruebas de acceso pero sin devaluarlas. Si no, dijo, "dinamitaremos las bases" de la Agencia Tributaria.
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