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En un informe publicado en El País, el diario afirma que Madrid no avalará un nuevo ejecutivo regional.
El Gobierno español mantendrá la intervención de las instituciones catalanas y no avalará un nuevo ejecutivo regional, que incluye a dos presos y dos huidos de la justicia española, publicó el domingo el diario El País.
Quim Torra, nuevo presidente de la Generalitat, firmó el sábado un decreto que incorpora al nuevo gobierno regional a dos consejeros que están prisión preventiva y a otros dos autoexiliados en Bruselas, donde la justicia acaba de rechazar su extradición a España.
Los cuatro consejeros son investigados por su papel en el prohibido referéndum secionista del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia, a finales del mismo mes, cuando gobernaba en Cataluña el ejecutivo independentista del expresidente Carles Puigdemont, que se encuentra en Alemania a la espera de que la justicia belga decida si lo entrega a España.
Para ser efectivo, el nuevo gabinete catalán necesita que el gobierno del presidente español Mariano Rajoy firme el decreto, algo a lo que no Madrid no está dispuesto, según El País.
"El Gobierno de España, a través de su Secretariado, que es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto, analizará la viabilidad del nuevo Govern anunciado, dadas las circunstancias personales de algunos de los designados", había dicho el sábado el Gobierno sábado en un comunicado.
"(La propuesta de consejeros de Torra) es una nueva provocación porque varios de ellos se encuentran huidos de la justicia o en situación de prisión provisional", añadió.
Los nombramientos se produjeron después de que el 14 de mayo el independentista Torra fuera elegido nuevo presidente de la Generalitat tras casi siete meses de intervención de las instituciones autonómicas por el Gobierno central, que cesó al Ejecutivo de Puigdemont y convocó para diciembre unas elecciones catalanas en las que el secesionismo volvió a obtener mayoría parlamentaria.
Se espera que el caso dure años e incluya a unos 2.000 testigos. Pero es probable que el testimonio de Romero Paoletti esté entre los más destacados
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