España rechazó las críticas por el retraso en el desembolso de los fondos europeos

Las empresas quieren que Madrid sea más rápido y claro en la entrega de los fondos europeos por valor de 140.000 millones del programa 'Next Generation' para facilitar la recuperación postCovid.

El Gobierno ha quitado importancia a la preocupación respecto a su gestión de los fondos de recuperación de la UE, insiste en que ha alcanzado la "velocidad de crucero" en el desarrollo de planes de inversión y que cumplirá con estrictos estándares de auditoría para asegurar que lega el dinero.

España fue el primero en recibir un pago de los fondos de recuperación de la pandemia de la UE el año pasado y debe recibir un total de 140.000 millones (US$141.206 millones), con lo que será el segundo mayor receptor del bloque europeo después de Italia.

Pero la experiencia de España ha sido difícil, lo que pone de relieve la ardua tarea que enfrentan los países miembro para administrar el programa de 800.000 millones que tiene como objetivo reparar los daños causados por el Covid-19 y ayudar a las economías a emprender el camino de la transición ecológica.

En las últimas semanas, el Gobierno se ha enfrentado a socios comerciales insatisfechos, incluido Volkswagen, un aliado en proyectos de vehículos eléctricos, y ha tenido que responder a varias preguntas acerca del ritmo y la transparencia con la que se está gestionando la distribución de fondos.

Pero Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, insiste en que sus planes iban por buen camino y no comparte las quejas de que los fondos se están distribuyendo con demasiada lentitud.

"Hemos alcanzado la velocidad de crucero. Hay convocatorias y licitaciones abiertas para proyectos en el sector público por un valor medio de 2.000 millones de euros (US$2.017 millones) al mes", ha señalado en una entrevista. "Con el plan de recuperación, el objetivo no es ser muy rápido, sino tener un ritmo constante que mantenga una inversión fuerte y sostenida en los próximos años".

Los llamados Fondos Next Generation EU, que comprenden aproximadamente 70.000 millones de euros (US$70.603 millones) en subvenciones no reembolsables y 70.000 millones en préstamos para España se están dirigiendo a proyectos que van desde la instalación paneles solares residenciales hasta el desarrollo de webs de comercio online para pymes.

La Comisión Europea ha señalado que "la implementación del plan español está actualmente en línea con el cronograma acordado, establecido en la [decisión] que aprueba el plan".

Pero algunos empresarios acusan a España de desdibujar el panorama con sus cifras, argumentando que el ritmo al que abre las licitaciones para licitaciones de proyectos no es el mejor indicador de desempeño o impacto económico.

El Círculo de Empresarios, uno de principales lobbies empresariales español, destaca en cambio los pagos reales a los gobiernos regionales y locales y las empresas que gastarán los fondos en proyectos aprobados. Apuntan que hasta finales de septiembre solo se ha pagado el 22,3% de los 28.400 millones en subvenciones de la UE que España había presupuestado para este año, según los datos de contabilidad estatales.

"El sentimiento general en el sector privado es que estamos viendo una mala gestión", ha señalado Manuel Pérez-Sala Gozalo, presidente del Círculo de Empresarios y socio gerente de la firma de capital riesgo Grupo Perseo. "Todo está retrasado, hay mucha burocracia, hay poca claridad".

El mes pasado, la responsable del Ministerio de Hacienda a cargo del programa de fondos de recuperación, Rocío Frutos, dejó su cargo por "motivos personales". También hay quien sugiere cuellos de botella, un funcionario de otro ministerio que administra parte del dinero ha reconocido que "no hay suficientes personas con experiencia en la gestión de fondos".

Rodrigo Ogea, socio codirector en España del bufete de abogados Baker McKenzie, ha señalado que Madrid debería haber subcontratado el manejo de las solicitudes de fondos al sector privado. "El gobierno central tiene que desplegar una gran cantidad de dinero en un corto período de tiempo y no tiene la capacidad operativa necesaria para hacerlo", afirma.

El gobierno también se ha visto sacudido por la incertidumbre sobre uno de sus proyectos emblemáticos: una iniciativa liderada por Seat, propiedad de Volkswagen, para construir una nueva planta de baterías para automóviles en Valencia y actualizar dos plantaas para fabricar vehículos eléctricos.

La semana pasada, Wayne Griffiths, presidente ejecutivo de Seat, dijo que el dinero ofrecido por la Administración para poner en marcha los proyectos "no era suficiente", incluso después de que el Gobierno elevase la suma hasta 397 millones en subvenciones y préstamos. Dijo que la compañía estaba "buscando soluciones" para garantizar que el proyecto siga adelante.

Calviño ha declinado hacer comentarios sobre la empresa, pero asegura que "confirmará el compromiso del gobierno español de acompañar y apoyar la inversión necesaria" en tecnología.

España ya ha recibido 31.000 millones de las subvenciones del Fondo de recuperación que le corresponden desde Bruselas. Los países obtienen el dinero a condición de que cumpla con una serie de reformas estructurales, como la reforma laboral de España aprobada a principios de este año. Calviño dice que en estos momentos se está concluyendo la documentación final de la solicitud de España para el próximo tramo de 6.000 millones.

También ha estado en el punto de mira la necesidad de España de acabar de montar un nuevo sistema de auditoría para controlar los pagos y asegurar que el dinero llega de forma correcta.

Monika Hohlmeier, la presidenta conservadora del comité de control presupuestario del Parlamento Europeo, ha criticado tanto a España como a la Comisión Europea por su opacidad. "Queremos saber a dónde fue realmente el dinero y en qué ha gasto España el dinero", señaló el mes pasado en una rueda de prensa.

Calviño dijo que España estaba realizando un "trabajo muy intenso" con la Comisión para garantizar que haya controles financieros que cumplan con los más altos estándares. "La Comisión es extremadamente exigente, como debe ser", ha apuntado. "Cualquiera que sea el país con el que hables te van a decir lo mismo. Esto no es específico de España.