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El gobierno federal se encuentra al borde de una posible ‘paralización’, que podría suspender servicios esenciales, además de afectar a millones de empleados
La sombra de un posible nuevo cierre del Gobierno federal en EE.UU. sobrevuela de nuevo sobre Washington, ya que el plazo del presupuesto expira, y tanto demócratas como republicanos continúan sin alcanzar un acuerdo. La mayoría de la Cámara de Representantes es republicana, mientras que los demócratas tienen el Senado.
Un cierre del Gobierno, también conocido en inglés como shutdown del Gobierno, se refiere a una situación en la que este detiene la prestación de todos los servicios públicos, a excepción de aquellos considerados “esenciales”.
El Gobierno deberá renovar su financiamiento antes del 1 de octubre, cuando comienza el próximo año fiscal. Si el Congreso no aprueba una nueva ley de presupuesto para esa fecha y al presidente Joe Biden le da tiempo para promulgarla, se producirá un cierre a las 12:01 a.m. (hora del Este) del domingo.
Es imposible predecir cuánto duraría dicho cierre, aunque se estiman varias semanas. “Es una oportunidad única para los republicanos, en especial para Donald Trump, un presidente que entregó -sobre todo antes de la pandemia- un país que tenía un récord en materia de desempleo bajo, es decir, control inflacionario y crecimiento”, declara Mauricio Jaramillo, profesor en la Universidad del Rosario.
Como ha sucedido en las últimas 20 instancias, los legisladores, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, no logran aprobar una legislación conjunta para financiar el Gobierno federal y sus diversas agencias (defensa, seguridad nacional, etc.), siendo este el motivo principal.
El republicano y presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, si bien procura evitar un cierre porque puede volverse en contra políticamente, está intentando implementar recortes del gasto federal en torno a 8%, junto con medidas más estrictas de seguridad fronteriza.
Los demócratas, por su parte, se niegan a votar a favor de esto, incluso cuentan con el apoyo de algunos republicanos, a pesar de los esfuerzos de McCarthy por complacer a los legisladores de extrema derecha de su partido.
De hecho, algunos de esos esfuerzos no han prosperado, como la votación en Cámara del plan de gasto republicano. Según medios internacionales, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes no lograron aprobar ayer un proyecto de ley de gasto partidista a corto plazo. La votación fue de 198 a 232, con más de 20 republicanos oponiéndose.
Por su parte, el Senado está avanzando con un paquete bipartidista destinado a proporcionar financiamiento temporal al Gobierno, lo que mantendría la financiación en los niveles actuales. Incluiría una asignación de US$6.000 millones para asistencia humanitaria a nivel nacional y para respaldar a Ucrania en su conflicto bélico.
La mayoría de los republicanos han expresado su rechazo al apoyo de Ucrania, argumentando que esas cantidades se gastarían como beneficio a los contribuyentes estadounidenses.
Jaramillo explica que, todas las polémicas judiciales que han puesto en la agenda a Trump y la discusión del dinero que se ha entregado a Ucrania, “es la tormenta perfecta para que él haga su vuelta al escenario político”.
Aunque es función del Congreso financiar al Gobierno, los legisladores no dejan de cobrar cuando no cumplen.
Ciertos trabajadores federales quedarán en una situación de incertidumbre debido a que no serán llamados a trabajar hasta que el Congreso aprobase nuevos fondos para sus agencias.
Los empleados de servicios esenciales seguirán trabajando, pero sin la certeza de recibir sus pagos, como el caso de las fuerzas armadas y de seguridad. Lo mismo ocurre con los controladores aéreos, según el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, por lo que los vuelos aéreos podrán tener algunas interrupciones. En anteriores cierres, eso sucedió porque muchos empleados se enfermaron o decidieron renunciar.
Esta falta de salario implica la imposibilidad de cumplir con las hipotecas, así como con las deudas de las tarjetas de crédito, lo que lleva a mantener el gasto al mínimo. Incluso la economía más robusta del mundo podría experimentar las consecuencias de esto.
La mayoría de servicios públicos, como los parques nacionales y la investigación científica, también serán suspendidos. Asimismo, ocurrirá con los programas federales cruciales, como préstamos a pequeñas empresas, ayuda a inquilinos de bajos ingresos, nutrición infantil y programas de ayuda estudiantil.
En las fronteras de EE.UU con México o Canadá, los puntos de entrada supervisados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos “CBP” permanecerán abiertos y se mantendrá el proceso de pasajeros. No obstante, es posible que la gestión de ciertas solicitudes presentadas en la frontera pueda experimentar demoras o inconvenientes.
Las actividades en la Oficina de Certificación de Trabajo Extranjero del Departamento de Trabajo se suspenderán, lo que significa que las personas que aguardan decisiones sobre sus solicitudes de permisos de trabajo se verán perjudicadas.
El cierre más reciente resultó en pérdidas de miles de millones para la economía estadounidense.
Según las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso “CBO”, el cierre parcial del Gobierno durante 35 días en 2018-2019 disminuyó la producción económica en US$11.000 millones en los seis meses posteriores.
El último cierre ha creado miedo en los ciudadanos de Estados Unidos, que temen por la posibilidad de un descenso del nivel económico.
El Congreso se encuentra en un punto muerto, lo que podría resultar en la imposibilidad de que dos millones de empleados del Gobierno federal y dos millones de miembros en servicio activo y reservistas de las fuerzas armadas reciban sus salarios, aunque esto no implica que los pierdan.
Cuando finalmente lleguen a un acuerdo y los fondos sean liberados, recibirán sus salarios retroactivamente.
La probabilidad de un acuerdo más amplio para frenar el apoyo a los proyectos de hidrocarburos es ahora remota
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