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El Instituto Nacional de Migra ha registrado que, entre marzo de 2020 y agosto de 2023, autoridades de EE.UU. han expulsado a 136.338 migrantes a México
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Migración "INM", entre el 1 de marzo del 2020 y el 10 de mayo del 2023, cuando estuvo vigente el Título 42, política que permitía al vecino del norte expulsar a migrantes de manera rápida, bajo el argumento de amenaza a la salud pública, debido a la pandemia de covid-19, fueron expulsados a México 127.017 migrantes.
Tras su conclusión (11 de mayo) y hasta el 7 de agosto pasado, fueron expulsados otros 9.321 migrantes.
Según datos obtenidos a través de la solicitud de transparencia 330020323001502, los venezolanos son los migrantes más expulsados de los que ha tenido conocimiento el INM, desde 2020, con 41.872 casos.
Le siguen en segundo lugar los hondureños (40.747), mientras que en tercer lugar se posicionaron los guatemaltecos (39.105).
Si sólo se consideran los datos del 2023, el gobierno estadounidense ha expulsado a 39.640 migrantes, es decir, en promedio 181 casos diarios.
No obstante, hay una reducción si se dividen los datos con respecto a la aplicación del Título 42. Entre el 1 de enero y el 10 de mayo pasado, cuando estaba vigente, EE.UU. expulsó a México a 30.319 migrantes, un promedio de 233 casos diarios.
Mientras que entre el 11 de mayo y el 7 de agosto pasado sumaban 9.321 casos, 105 en promedio diarios.
Nuevos acuerdos
Las cifras de expulsiones de migrantes de EE.UU. a México podrían aumentar. El pasado fin de semana, la cadena CNN dio a conocer que funcionarios mexicanos se reunieron con miembros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en Ciudad Juárez, en el que acordaron medidas para “despresurizar” la frontera.
Entre las medidas acordadas estuvieron la deportación de migrantes a sus países de origen, por aire y tierra; permitir que la CBP expulse a migrantes a través del puente internacional entre Ciudad Juárez y El Paso; realizar gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para la recepción de sus ciudadanos deportados; intervención en ferrocarriles y carreteras, entre otras.
El reporte dado a conocer refirió que la reunión se realizó a raíz del aumento de cruces ilegales hacia Estados Unidos desde México.
En el cónclave, se destacó, estuvo el comisionado del INM, Francisco Garduño, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, además de miembros de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, por parte de México; mientras que Troy Miller, comisionado interno de la CBP, encabezó a la comitiva estadounidense.
Crisis humanitaria
Alberto Xicoténcatl, director de la organización Casa Migrante de Saltillo, afirmó que la frontera norte del país enfrenta una crisis humanitaria y que los desafíos que se enfrentan son inmensos y requieren de soluciones urgentes.
En una entrevista, el experto informó que uno de los desafíos más apremiantes que viven es la falta de recursos y el apoyo adecuado para los migrantes.
Explicó que la mayoría de los albergues que acogen a los ciudadanos extranjeros dependen de la caridad, pues a diferencia de otras administraciones, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido menos los fondos gubernamentales.
“Hasta antes de la administración del presidente López Obrador había un rubro de presupuestal para las fronteras (...) sobre todo para la deportación de personas mexicanas. Sin embargo, estos recursos se utilizaban o los gobiernos los entregaban a los albergues fronterizos (…) este tipo de apoyos se cancelaron completamente; los municipios y las entidades dijeron que no tenían ya presupuesto ni para ellos mismos atender a la población ni tampoco para proporcionar apoyo a los albergues”, expuso.
Debido a esto Xicoténcatl compartió que en los albergues se trabaja con una sobrecarga de espacios y que falta de personal para brindar la atención adecuada.
Necesaria, estrategia regional
El activista hizo hincapié en la necesidad de una estrategia regional y cooperación integral entre los países de origen, tránsito y destino de los migrantes.
Dijo que la migración irregular es una consecuencia de problemas estructurales más profundos en las sociedades y economías, y no puede resolverse con soluciones aisladas.
E insistió en que cualquier acción conjunta debe respetar rigurosamente los derechos humanos de las personas migrantes.
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