Estados Unidos impuso sanciones a la principal compañía minera de Venezuela, Minerven

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Mediante un comunicado de prensa publicado en la página web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump impuso una nueva sanción a las empresas estatales de Venezuela. En esta oportunidad se trata de la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A., mejor conocida como CVG Minerven, de la cual se le acusa de hacer "operaciones de oro ilícitas" que le han ayudado a mantener el régimen de Nicolás Maduro.

"El régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat", reza el comunicado.

El Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, explicó que el señalamiento no solo se le hace a Minerven, sino también al presidente de la compañía Adrián Antonio Perdomo Mata. El funcionario estadounidense explicó que Minerven forma parte del plan de Maduro para despojar a Venezuela de los recursos naturales, una actividad que ha expuesto a las comunidades a "toxinas peligrosas".

"El Tesoro está apuntando al productor de oro Minerven y a su presidente por liderar el círculo interno del corrupto régimen de Maduro. Vamos a perseguir agresivamente a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro de Maduro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental", indicó.

Minerven tiene su sede en El Callao, en el departamento Bolívar, y es propiedad del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería del Gobierno de Venezuela. Se creó con el propósito de extraer y comercializar minerales de metales no ferrosos, como el oro.

A continuación parte del informe donde el Departamento del Tesoro explica cómo funciona la operación de extracción de oro de Minerven:

"Maduro y los miembros del régimen se volvieron hacia la extracción de oro mientras buscaban nuevos medios para enriquecerse a costa del pueblo venezolano. Sin la aprobación de la Asamblea Nacional, y sin considerar el medio ambiente y las comunidades locales, Maduro se otorgó amplias autoridades para supervisar el desarrollo del Arco Minero del Orinoco hace años. La minería y la posterior venta de oro ha sido uno de los esquemas financieros más lucrativos del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el ejército venezolano. , que, a su vez, imputa de forma corrupta a las organizaciones criminales para el acceso. Estos mineros y sus comunidades están expuestos a abusos ambientales, como elementos tóxicos peligrosos, como el mercurio, que se utilizan en el proceso minero. Además, los delitos violentos, incluidos los homicidios, se han vuelto cada vez más frecuentes en estas comunidades mineras.

El impacto del auge de la minería ilegal bajo el régimen de Maduro ha sido criticado por la sociedad civil y los grupos ambientales por eludir las evaluaciones de impacto ambiental y los estudios de impacto cultural. Las operaciones mineras están invadiendo áreas protegidas, causando deforestación y pérdida de hábitat. Las actividades relacionadas con la minería también han producido condiciones ideales de reproducción para los mosquitos portadores de enfermedades. Los casos de malaria en Venezuela están en aumento, con un número significativo de casos en los estados mineros de oro.

Como el único procesador estatal de oro en Venezuela, Minerven compra oro a los mineros y lo funde en barras. El Ejército venezolano luego transporta las barras de oro a las bases aéreas fuera de Caracas, para su posterior transporte al Banco Central de Venezuela. Desde 2016, el régimen de Maduro compró el equivalente a cientos de millones de dólares en oro de pequeños mineros independientes, pagando a los mineros en bolívares venezolanos, incluso cuando Venezuela está experimentando una hiperinflación como resultado de una gestión económica extrema. Esta práctica ha permitido al régimen ilegítimo convertir su moneda depreciada en oro y otras monedas extranjeras, pagando a los mineros en bolívares casi sin valor, mientras que permite que el régimen de Maduro se adhiera al poder.

Las ganancias generadas por la minería ilegal dirigida por Maduro son codiciadas por los militares venezolanos a quienes Maduro concede un acceso libre a las minas. Esto favorece la capacidad de Maduro para mantener el poder sobre los militares, ya que su deseo de proteger este ingreso ilícito refuerza la lealtad firme de los militares a Maduro. Aun cuando el presidente interino venezolano, Juan Guaidó, fue reconocido por los Estados Unidos y sobre otros 50 países como la autoridad legítima en Venezuela, Maduro no ha querido renunciar al control de la industria minera del oro ni a sus intereses financieros en este comercio ilícito"