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Unos US$ 57.600 millones al año es lo que gastaría el Estado si toda la población recibe una renta equivalente a la línea de la pobreza
Hacia la universalidad de los traspasos en dinero a las personas desde el Estado, es a donde la clase política quiere llevar al gobierno chileno.
Con el propósito de que el Fisco institucionalice algún mecanismo de transferencia monetaria que deje a un lado los criterios de focalización, han surgido diversas propuestas tanto desde la oposición como del oficialismo, y su costo dependerá de qué tan “universal” y “básico” se resuelva.
Según el análisis “¿Hacia un ingreso básico universal?”, elaborado por el instituto Libertad y Desarrollo (LyD), el costo podría llegar a los US$ 57.600 millones al año en el caso de que el Estado asumiera la tarea de asegurar a todos los chilenos una renta equivalente a la línea de la pobreza.
Esto, conforme a los datos analiszados, equivale a 40 veces el gasto realizado en 2019 en subsidios por vulnerabilidad o, bien, a dos veces el gasto social total que incluye el financiamiento a la educación, pensiones, programas de salud, empleo y vivienda, entre otros ítem.
En tanto, si sólo se concentra en en la población que está entre los 18 y 64 años y se rebaja el aporte a la línea de pobreza extrema, el desembolso fiscal disminuiría a casi US$ 25.000 millones, lo que a juicio de la entidad “seguiría siendo tremendamente elevado”.
“Estas abultadas cifras ayudan a entender por qué el mismo Banco Mundial indica que la idea de introducir un Ingreso Básico Universal (IBU) no debe ser considerada como la creación de un programa social más, sino como un cambio en el paradigma en que se conciben los programas sociales”, detalla el informe, elaborado por el economista e investigador del think tank, Rodrigo Troncoso.
¿Qué pasa en el mundo?
Si bien desde la experiencia particular del estado de Alaska, Mongolia e Irán, el centro de estudios pone el acento en el alto costo que implica contar con un ingreso universal e incondicional, al mismo tiempo que reconoce que hay ventajas de aplicarlo en países en donde exista alta informalidad e inestabilidad en los ingresos de los hogares. Esto, porque simplifica la entrega de beneficios y da mayor transparencia al sistema.
A lo anterior se suma que los aportes en dinero desde el Gobierno hacia las personas -según la evidencia disponible- no desincentivarían la participación laboral.
Con este panorama y dado que en el país los aportes monetarios son poco frecuentes y que la mayor parte de la política social se caracteriza por focalizar en la población más vulnerable, desde LyD proponen como “una alternativa más viable” aplicar el mecanismo de un impuesto negativo al ingreso que excluye a las personas de más altas rentas.
Otra vía de avance para LyD pasa por continuar en la línea del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) que se aplica desde el año pasado para complementar los sueldos de los trabajadores más vulnerables.
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