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La tarea del Mecanismo Único de Resolución (MUR) empezará cuando la supervisión no haya sido capaz de garantizar la salud y fortaleza de una entidad y la enfermedad sea tan patente que haya que darle la vuelta de arriba abajo, resucitarla con fondos privados -o públicos en última instancia-, o desmantelarla de forma ordenada sin provocar daños al resto de bancos.
Los miembros de su órgano de gobierno empezaron a asumir sus funciones a principios de marzo. Entre ellos se encuentra el español Antonio Carrascosa, exdirector general del Frob, la autoridad de resolución nacional. Con su cúpula ya trabajando, la institución avanza en la contratación de su plantilla, la mayoría banqueros. Tiene previsto contar con 120 empleados al cierre de 2015 y sumar un total de 300 en 2017. El candidato ideal es un experto en venta o disolución de activos problemáticos o no estratégicos.
El objetivo del MUR es «la estabilidad del sistema financiero y reducir la carga sobre los contribuyentes» por los errores de los bancos, explica König en un reciente video en youtube. «El MUR es, tras el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el segundo pilar de la unión bancaria», sostiene.
A su parecer, el primer reto es establecer relaciones fluidas con las autoridades nacionales de resolución, que deberán implementar sus decisiones de acuerdo a la legislación de insolvencia local, y con el BCE, que determinará cuando un banco corre el riesgo de quebrar o va a hacerlo y entra así en su ámbito de actuación. Otro reto adicional es la coordinación con autoridades nacionales de resolución de diversos países que acaban de crearse o están a punto de hacerlo.
La primera fase del MUR, que se extenderá hasta enero de 2016, consiste en cooperar con las autoridades nacionales para elaborar los planes de resolución de entidades. A partir de entonces, y coincidiendo con la ratificación del fondo de resolución europeo por parte de los Estados miembros, la junta de resolución será plenamente operativa.
Podrá tomar de los accionistas el control de la entidad. Entre sus herramientas fundamentales figura establecer la jerarquía de asunción de pérdidas por parte de los accionistas y los acreedores del banco, vender parte del negocio sin el consentimiento de los accionistas, transferir parte o todos los activos de una entidad puente controlada por las autoridades para que siga ofreciendo servicios esenciales mientras se resuelve la situación, y segregar activos: traspasarlos a un banco malo.
La junta se encargará de gestionar los recursos del fondo único de resolución (FUR) que saldrán de los bolsillos de las entidades hasta sumar 55.000 millones de euros en 2024. Esta cantidad es insuficiente para abordar una futura crisis bancaria si se tiene en cuenta que las ayudas públicas de los países europeos para recapitalizar entidades se elevaron a casi 600.000 millones de euros en el periodo 2008-2012.
Otro problema es que este fondo no empezará a estar disponible hasta 2016 y las dotaciones de los bancos deberán ir creciendo progresivamente a lo largo de ocho años, por lo que desde el MUR abogan por constituir un colchón por si hubiera que rescatar antes a alguna entidad. Konig ya ha instado a los Gobiernos a hacerlo.
Pero la idea es que recurrir a este fondo sea la última opción y sus aportaciones solo podrán ser de un máximo del 5% de los pasivos de la entidad en dificultades. Además, las autoridades europeas han desarrollado un mecanismo de rescate interno (bail in) con el fin de que los accionistas y acreedores de la entidad en crisis absorban gran parte de las pérdidas antes de que éste entre en acción.
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