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La familia se convirtió en accionista de Popular en 2017, cuando la entidad estaba a punto de quebrar. Poco después, Popular fue adquirido por Santander
La familia multimillonaria chilena Luksic reclama una indemnización de €217 millones (US$226 millones) del Banco Santander SA, PriceWaterhouseCoopers LLP y otras entidades en relación con la quiebra de un banco español hace siete años.
Aeris Invest, un holding financiero con sede en Luxemburgo propiedad de la segunda familia más rica de Sudamérica, exige el pago para cubrir las pérdidas incurridas como accionistas del Banco Popular, después de que la entidad se declarara en quiebra y fuera adquirida por Santander en 2017, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Bloomberg.
Aeris había informado previamente que había registrado pérdidas por €113 millones (US$117 millones) por su participación en Popular. Representantes del holding de la familia Luksic, de PwC y del Banco Santander declinaron hacer comentarios.
La familia se convirtió en accionista de Popular en 2017, cuando la entidad estaba a punto de quebrar. Poco después, Popular fue adquirido por Santander por €1, en una operación mediada por los reguladores europeos que buscaban proteger al sector bancario en general. Desde entonces, la familia chilena ha tenido reiterados enfrentamientos con Santander.
La familia Luksic, bajo la matriarca Iris Fontbona, tiene un patrimonio neto de US$29.200 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Controla la minera Antofagasta Plc, que cotiza en Londres y es uno de los mayores productores de cobre del mundo, así como banco Banco de Chile, la cervecera CCU y la naviera CSAV, entre otras.
PwC era el auditor de Popular al momento de la quiebra.
La demanda de Luksic no es la única contra Santander, PwC y los antiguos directivos de Popular. También fueron demandados por un grupo de tenedores de deuda de Popular, entre los que figuran Pacific Investment Management Co. y Anchorage Capital Group LLC, que reclaman en conjunto una indemnización por €1.130 millones (US$1.170 millones).
En marzo, la Audiencia Nacional puso fin a una investigación que se prolongó por años sobre la quiebra de Popular y propuso que varios de los ejecutivos del banco en aquel momento fueran a juicio. Aunque Santander no tiene ninguna responsabilidad penal en la quiebra de Popular, sí tiene responsabilidad civil subsidiaria y potencialmente podría ser obligado a asumir reclamaciones económicas.
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