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José Pedro Castillo Terrones, expresidente de Perú, cumple actualmente un pena de prisión preventiva de 18 meses en territorio inca
La fiscalía de Perú solicitó formalmente 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de “delitos de rebelión” y abuso de autoridad tras intentar cerrar el Congreso a fines del 2022, dijo ayer el Ministerio Público.
Castillo, que fue capturado luego de su intento de disolver el parlamento, cumple actualmente una prisión preventiva de 18 meses mientras es investigado por la justicia del país peruano. “El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022”, dijo un mensaje del Ministerio Público difundido a través de la red social X.
El pedido de prisión fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. La fiscalía también solicitó 25 anos de prisión para la exprimer ministro, Betssy Chávez, y 15 años para el exprimer primer ministro Aníbal Torres, ambos del Gobierno de Castillo.
Tras la destitución y arresto de Castillo, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió al poder en medio de una ola de protestas sociales a fines de diciembre de 2022 y comienzos del año siguiente que dejaron decenas de muertos en enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y el Ejército.
La noticia del pedido de la Fiscalía peruana se produce un mes después de que Castillo pidiera su libertad y su restitución como jefe de Estado en una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que estudia cinco demandas de habeas corpus presentadas por su defensa para que se suspenda una de las dos órdenes de prisión preventiva que pesan sobre él. El expresidente insiste en su inocencia y que está detenido injustamente, pues siempre ha asegurado que lo mandó a la cárcel la élite que no quería los cambios para un país tan convulsionado, no solo políticamente, como lo es Perú.
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