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La calificadora de riesgo soberano estima que el gasto y la deuda del Gobierno aumenten en el corto plazo a medida que Perú lidia con la pandemia
Si bien la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República, por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cierra un episodio de inestabilidad que venía afectando a la economía, abre otro en el que las definiciones de las políticas que impulsará el nuevo Gobierno a partir de 28 de julio serán clave para la inversión y el crecimiento.
Una de las primeras apreciaciones sobre la importancia de la definición de políticas de Pedro Castillo, llegó desde el exterior, a través de la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings.
“La victoria de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de Perú aumenta la incertidumbre de la política económica ya que el presidente electo aún tiene que definir las prioridades políticas clave de su amplia plataforma de campaña de izquierda”, señala.
Además, sostiene que la incertidumbre política se ve agravada por los desafíos de gobernabilidad, mientras que el impacto de la pandemia elevará la deuda en el corto plazo.
Fitch espera que el gasto y la deuda del Gobierno aumenten en el corto plazo a medida que Perú lidia con el impacto social y financiero de la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo y un fuerte aumento de la pobreza.
Una de las preocupaciones de la calificadora internacional es la calidad de las políticas que se implementarán en un Gobierno de Pedro Castillo, que viene precedida de una debilitada previsibilidad de la política económica y fiscal del país por un grupo de medidas populistas del Congreso saliente. “El enfoque de la administración de Castillo para administrar sectores estratégicos como la minería, el gas y las comunicaciones, su actitud hacia los contratos privados y la configuración de su política fiscal serán importantes para evaluar la solvencia soberana”, señala.
Fitch Ratings colocó la calificación ‘BBB +’ de Perú en perspectiva negativa en diciembre de 2020, lo que refleja el debilitamiento de las instituciones políticas, un balance público más débil y desafíos para la estabilización de la deuda pública.
La calificadora recordó que Pedro Castillo no ha presentado un documento de política centrista, a diferencia del expresidente Ollanta Humala, que ganó en una plataforma de izquierda en el 2011.
Sin embargo destacó que se haya enviado señales preliminares de continuidad política en el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), descartando controles de precios o de divisas. Pero no es suficiente y cree que habrá que esperar a 28 de julio para tener más claridad de lo que se espera.
“Más indicios de la configuración de la política económica y fiscal deberían surgir en el discurso presidencial inaugural el 28 de julio y en el presupuesto de 2022 que se presentará antes del 30 de agosto”, señala.
A ello se suma el nombramiento de ministros clave, reguladores y el gobernador y los directores en el BCR.
Fitch señala que si bien la recaudación de impuestos está aumentando debido a los altos precios del cobre, es posible que se requieran medidas de mejora para consolidar las cuentas fiscales y estabilizar la deuda frente a las presiones de gasto. Queda por ver cómo el nuevo Gobierno anclaría las expectativas fiscales, ya que Perú suspendió su regla para 2020 y 2021.
Propuestas. La plataforma de Perú Libre aboga por la reformulación de la Constitución (incluido el capítulo económico, clave que consagra los principios del libre mercado y protege el marco de la política macroeconómica), expandiendo el papel del Estado en los negocios, cambiando o anulando concesiones y contratos a empresas privadas, aumentando impuestos de sectores estratégicos como minería, entre otros, dice Fitch.
Fitch Ratings recordó que desde las elecciones, Castillo ha reiterado su compromiso de solicitar una Asamblea Nacional para volver a redactar la Constitución, ha centrado el debate en torno al sector minero en materia de impuestos y ha abogado por el apoyo a la agricultura.
Sin embargo, considera que la fragmentación del Congreso y las barreras al cambio constitucional podrían retrasar la implementación de los cambios más radicales descritos durante la campaña. “Las políticas que socavan los pilares de la estabilidad macro, la inversión y el crecimiento y la sostenibilidad financiera pública serían negativas para la calificación”, señala.
Refiere que los cambios significativos a los contratos privados o nacionalizaciones requerirían enmendar el capítulo económico de la constitución.
“El proceso de enmienda es difícil, aunque el Congreso saliente sentó un precedente para ajustar el calendario legislativo que podría facilitarlo. La inestabilidad política podría intensificarse si las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo nuevamente se vuelven contradictorias”, precisó. Añadió que las divisiones sociales relacionadas con la pandemia agravan los riesgos de gobernabilidad derivados de un Congreso altamente fragmentado. Cree que el nuevo Gobierno necesitará alianzas con partidos más pequeños y una fuerte disciplina interna del partido para aprobar la legislación.
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