Francia semiparalizada por una huelga nacional en búsqueda de mejoras salariales

Francia, la segunda economía de Europa, se encontraba este martes semiparalizada por una medida sindical de protesta contra el deterioro salarial por la inflación. La huelga también es para respaldar a los trabajadores de las refinerías que mantienen medidas de fuerza por mejoras salariales desde hace semanas.

La medida, convocada por la CGT, se deja sentir particularmente en el área de transportes ya que afecta al metro parisino y a los trenes de cercanías que funcionan con servicios de emergencia.

La huelga afecta también a las oficinas públicas, a las escuelas y al sector energético, que se suman en respaldo del paro que los trabajadores de las refinerías y depósitos de combustibles que han generado faltantes importantes en las estaciones de servicio.

Eurostar anunció cancelaciones en el servicio de trenes entre Londres y París.

Un representante del sindicato Federación Nacional de Minas y Energía – Central General de Trabajadores (FNME-CGT) dijo que las huelgas estaban afectando al trabajo en 10 centrales nucleares francesas, con nuevos retrasos en el mantenimiento de 13 reactores y la producción de energía francesa reducida en un total de 2,2 gigavatios.

La CGT convocó al paro en respaldo a la cuarta semana de huelga de los trabajadores de la petrolera TotalEnergies, en la que otras centrales hicieron acuerdos con la compañía de un 7% de mejoras más algunas primas.

A primera hora de la mañana, en la parisina Estación de Lyon, los franceses se armaban de paciencia para tomar su tren de cercanías. "Normalmente tardo hora y media. Hoy tengo dos o tres por delante", aseguró a la AFP una usuaria. Idéntico cuadro registró la agencia de prensa francesa en Toulouse, al sur del país.

"Pedimos un salario mínimo de 2.000 euros (US$1.970), que equivale a un aumento de 300 euros (US$295)", dijo en la radio RTL el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, que abogó por ajustar también el resto de sueldos a la inflación.

Francia tuvo en septiembre la tasa de inflación más baja de la eurozona: 6,2%, por debajo de otras economías como Alemania (10,9%), Italia (9,5%) y España (9,3%).

Pero la gota que colmó el vaso de los sindicatos fue que el gobierno requisara personal en huelga (obligación de volver al trabajo) de TotalEnergies para paliar el desabastecimiento de combustible, que afecta desde hace varias semanas a casi un tercio de gasolineras,

A ello hay que suma el llamado gubernamental a restringir el uso de energía, por la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Las requisas de personal se aplicaron un día después de la "Marcha contra la carestía de la vida", organizada el domingo por los partidos de izquierda, entre ellos la Francia Insumisa de Jean-Luc Melénchon, en París.

Los organizadores afirmaron que había 140.000 participantes, pero según fuentes policiales se contabilizaron 30.000 asistentes.

Junto al líder izquierdista marchó Annie Ernaux, galardonada con el premio Nobel de literatura la semana pasada.

El reclamo salarial, bajo el argumento de que las empresas del sector han obtenido superganancias por el aumento de precios por la guerra, es compartido por vastos sectores de población, según reporta la AFP.

El presidente Emmanuel Macron situó al gobierno "en el campo de la gran patronal, en total desconexión con una gran parte de los franceses que sufren la inflación cada día", según un editorial del diario parisino Libération.

Aunque el ministro del Interior, Gérald Darmanin, aseguró este martes que "constatan" que debe aumentarse una parte de los salarios, el gobierno liberal rechaza legislar al respecto, dejando en manos de las empresas los aumentos.

El ejecutivo se dispone incluso a recurrir a un polémico método parlamentario, llamado 49.3, para adoptar su presupuesto de 2023 sin el voto necesario de la Asamblea Nacional (cámara baja), que lo debate actualmente.

Macron busca así evitar las enmiendas adoptadas por los diputados contra la opinión de su gobierno, como un alza del impuesto a los "superdividendos". El portavoz del ejecutivo, Olivier Véran, anunció que podrían activar este procedimiento el miércoles.

Con este movimiento, el presidente se arriesga a reforzar su imagen de "autoritario", pese a haber prometido cambiar tras su reelección en abril, y tensar aún más el ambiente antes de la controvertida reforma del sistema jubilatorio prevista para 2023, que propone volver a subir de 62 a 65 años la edad mínima.

La idea del gobierno es acercarla a la del resto de los países de la UE pero choca con la oposición frontal de los sindicatos, incluso del reformista CFDT, y la oposición de izquierda y ultraderecha.