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Alberto Fujimori, expresidente de la República de Perú
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Si bien Fujimori será recordado por haber pacificado el país tras derrotar a Sendero Luminoso, con el apoyo de la Policía, también estuvo envuelto en procesos por corrupción delitos de lesa humanidad
El expresidente Alberto Fujimori siempre fue considerado una figura que polariza al país y en su lecho de muerte esto no fue la excepción.
Justo en el mismo día que falleció el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pero en el año 2021, el exmandatario murió a los 86 años de edad. Su deceso se produjo en la casa de su hija, Keiko Fujimori, ubicada en San Borja. Estuvo rodeado de sus familiares, nietos y dirigentes y congresistas de Fuerza Popular.
Fujimori, quien recientemente fue voceado como candidato presidencial con miras a los comicios del 2026, se encontraba delicado de salud debido al cáncer que padecía desde la época en la que purgaba prisión.
En mayo pasado fue diagnosticado con un nuevo tumor maligno en la lengua y, pese a que unos meses después fue operado con éxito, su estado siempre fue de pronóstico reservado.
“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. ¡Gracias por tanto papá! Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori”, escribió la excandidata presidencial en sus redes sociales.
Fujimori nació en 1938 y cursó sus estudios de Agronomía en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, donde se graduó de ingeniero agrónomo. Unos años después fue elegido rector de dicha casa de estudios, cargo que ocupó hasta 1989.
Para las elecciones generales de 1990 fue considerado el ‘outsider’, debido a que un mes antes de la primera vuelta solamente registraba el 2% de intención de voto. Al final, se impuso en la contienda al escritor Mario Vargas Llosa.
Posteriormente fue reelegido en el cargo en el año 1995 y en el año 2000, aunque con denuncias de fraude electoral.
El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. No solo disolvió el Congreso de la República e intervino instituciones como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, sino que también aprobó una nueva Constitución, que continúa vigente hasta la fecha.
Si bien Fujimori será recordado por haber pacificado el país tras derrotar a Sendero Luminoso, con el apoyo de la Policía, también estuvo envuelto en procesos por corrupción delitos de lesa humanidad. En el año 2007 fue condenado a 25 años de prisión por la masacre de Barrios Altos y La Cantuta, aunque años después salió de la cárcel tras recibir un indulto humanitario, y antes de su deceso afrontaba un juicio oral por el caso Pativilca.
Tal como enigmática fue la postura política de Fujimori, también lo fue la orientación económica inicial de su bisoño gobierno.
Tras rodearse, en su campaña electoral y en los primeros días de su mandato, de un grupo de economistas cuestionadores de las corrientes ortodoxas, no tuvo empacho en desaforarlos rápidamente de su entorno, para abrazar más bien las recomendaciones de profesionales de claro raigambre liberal como Juan Carlos Hurtado Miller y Carlos Boloña.
Estos concordaron en que la medicina rápida para apagar la asfixiante hiperinflación iniciada en el gobierno de Alan García, era aplicar un shock de severa magnitud, similar al que su contendor Mario Vargas Llosa propuso y que Fujiimori descartó ejecutar-.
La receta, recordada amargamente por parte de la población, consistió en elevar al extremo los precios de productos esenciales, como alimentos y combustibles, para reducir la capacidad adquisitiva de los peruanos y apagar cualquier presión de demanda sobre la inflación.
El dramático paquete fue anunciado el 8 de agosto, a menos de dos semanas de que el líder de Cambio 90 asumiera las riendas del país. Juan Carlos Hurtado Miller, el ministro de Economía en ese momento, en su mensaje a la nación solo atinó a invocar un parco pero perturbardor “¡Que Dios nos ayude!”.
Pese a lo cruenta de esta medida, dio resultados casi de inmediato, pues la inflación anualizada se redujo de 7,649% en 1990 a 139,2% por ciento en 1991.
Pero esto solo fue el inicio del predominio liberal en las decisiones económicas del régimen de Fujimori. Ya con la inflación en vías de normalización, en julio de 1991 entró en vigor el nuevo sol y los peruanos tuvieron que deshacerse de fajos de millones de intis.
Eran los albores de una modificación estructural en el país: el cambio en el modelo económico a partir de la instauración, en 1993, de una constitución que hasta hoy rige.
Un punto nodal de la nueva Carta Magna fue la introducción de un régimen económico distinto, que consagraba la economía social de mercado que, entre otras virtudes, limitó el accionar del Estado en el plano crematístico.
Así, se estableció que el Estado asume solo su rol orientador, mas no hace actividad empresarial, sino solo excepcionalmente, es decir, solo tiene un papel subsidiario, con el que participa solo donde no hay oferta del sector privado. Como en toda norma, hay excepciones, siendo Petroperú la más palpable.
Otra innovación trascendental fue darle autonomía plena al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que, así, quedó prohibido de financiar al Gobierno. Fue el fin de la llamada “maquinita” o de la emisión inorgánica, y, en consecuencia, de la inflación desbordada.
Merced a ello, el país goza de una inflación baja, con el récord de haber permanecido en un solo digito durante 27 años y siete meses continuos.
Junto con el rol subsidiario del Estado, en los 90 Fujimori puso en marcha un amplio programa de privatización de empresas estatales de los sectores minería, energía, telecomunicaciones y banca, bajo la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del Estado.
Entre 1992 y 1996 se privatizaron cerca de 110 empresas estatales, lo que generó ingresos al Estado por unos US$ 7,200 millones. En contraste, entre 1985 y 1989, las empresas estatales generaron pérdidas totales por US$ 1,700 millones, casi 2% del PBI al año, refiere el IPE.
La Constitución del 93 resalta que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes, y que el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades.
Con estas reglas de juego predecibles, el sector privado se convirtió en el principal motor de la inversión y, por tanto, del crecimiento económico en las tres últimas décadas.
“El alto crecimiento económico permitió que un peruano promedio tenga casi el triple de ingreso que hace tres décadas, lo cual redujo la pobreza y desigualdad”, indicó el IPE.
La profilaxis y racionalización del Estado había dado frutos. Liberado ya de aventuras empresariales, el aparato estatal debió enfocarse en la provisión de los servicios esenciales de salud, educación, seguridad e infraestructura básica, tarea que, a ojos vista, tiene amplio trecho por cumplirse y que es uno de los aspectos pendientes que dejó el cambio de régimen económico.
De hecho, en su segundo gobierno, Fujimori tuvo la oportunidad de emprender las denominadas reformas de segunda generación, relacionadas con los cambios institucionales, que incluyen la reforma del Estado y de la legislación laboral, aunque no lo concretó, pero hoy es imperativo acometerlas.
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