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El proyecto para el reajuste del salario de los trabajadores públicos ingresará al Congreso de ese país la próxima semana.
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Además, se estableció que ningún trabajador del sector público podrá recibir una remuneración menor a US$570
Humo blanco arrojó la negociación entre los funcionarios del Estado y el Gobierno respecto al reajuste de las remuneraciones de los empleados fiscales. Este martes, y tras 12 reuniones entre los actores, se comunicó el acuerdo alcanzado, el cual contempla implementar un alza salarial de 4,3% para los trabajadores estatales, sin distinción de salario ni tramos, que es el formato que se había implementado anteriormente.
En materia remuneracional, además, se estableció que ningún trabajador del sector público ganará menos de US$570 Esto implica que las remuneraciones mínimas de auxiliares, administrativos y técnicos, serán de US$573, US$638,17; y US$678,86, respectivamente.
“Ningún servidor público va a tener un salario inferior a US$570 desde el 1 de enero. Y esto lo señalo porque en el sector privado la ley empieza su vigencia en julio del año 2024, y el sector público como empleador en esto da un ejemplo y avanza anticipadamente con el compromiso con sus trabajadores”, destacó la ministra del Trabajo, Jeannette, Jara.
Con relación a los bonos y aguinaldos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comunicó que después de estar congelados durante el último año, estos serán reajustados en un 4,8%, aproximadamente.
También se estableció un bono de término de negociación de US$228 para las remuneraciones más bajas (aquellas inferiores a los US$1.018,99) y de US$114 para las más rentas sobre ese monto y bajo un determinado techo.
“El reajuste de remuneraciones va a alcanzar a cerca de 850.000 trabajadores y trabajadoras. En el caso de los bonos, a poco más de 1.100.000 personas”, dijo Marcel, destacando que este acuerdo demuestra que tanto el Gobierno como los funcionarios “tenemos capacidad para encontrar acuerdos en materias que son importantes económicamente para los trabajadores del sector público. Y también significa un compromiso con el servicio público de quienes trabajan en las en las instituciones del Estado”, destacó.
De acuerdo al jefe de las finanzas públicas, además, el proyecto ingresará al Congreso el próximo lunes.
Además de los puntos económicos, el acuerdo cerrado con las 16 organizaciones que conforman la mesa del sector público contempla una serie de materias y compromisos relacionados a las condiciones laborales de los funcionarios.
Así, por ejemplo, se reiteró el compromiso del Gobierno para avanzar en la reducción de jornada en el sector público.
Sobre este tema, la ministra Jara precisó que el Gobierno se comprometió a realizar todos los estudios necesarios para abordar este tema durante los primeros meses del próximo año “a fin de poder determinar cada una de las necesidades que deben ser satisfechas y cómo se va a producir eficiencia también en el trabajo, para poder cumplir con estos dos anhelos: poder tener más tiempo para poder vivir mejor, pero asimismo mantener una buena atención”, dijo.
Avanzar en el monitoreo de la salud mental de los trabajadores del Estado fue otro eje acordado. Aquí, Jara explicó que en detalle lo que se hará será implementar entre los funcionarios los cuestionarios respecto a salud mental de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
"Sabemos que el estrés laboral los afecta y eso también muchas veces redunda en una atención que está presente en el desempeño laboral a diario", dijo Jara, agregando que los directivos de la Alta Dirección Pública van a incorporar dentro de sus metas de gestión la obligación de dictar protocolos y políticas que prevengan enfermedades de tipo de orden mental.
El documento firmado por los trabajadores, además, contempla incluir en el proyecto de reajuste una norma que permita a los jefes de servicio -considerados en el artículo 66 de la ley 21.526- eximir del control de horario hasta a un 20% de la dotación máxima de personal y con una jornada híbrida.
Al interior de los dirigentes de la mesa se valoró el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. “Es un acuerdo que no ha sido fácil, es complejo lograr poner de acuerdo a tantas personas, pero el rol del Estado, como empleador, ha estado a la altura”, comenzó destacando el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña. “Esto es para todos los trabajadores del sector público, que hoy en día van a recibir este reajuste”.
Una opinión en la misma línea entregó el coordinador de la mesa, Carlos Insunza, quien destacó que este acuerdo “es resultado de un trabajo muy extenso”. Para el dirigente sindical, además, algo que es destacable es que ambas partes fueron dialogantes y flexibles en sus posturas.
“Para las organizaciones del sector público el llegar a este acuerdo, que cumple con nuestros objetivos, en términos de recuperar el poder adquisitivo perdido, dar cuenta de un pequeño pero un incremento real de remuneraciones, pero particularmente de un incremento relevante para los trabajadores y trabajadoras del sector público de menores ingresos, es un elemento fundamental, es la forma en que entendemos la construcción de nuestro sindicalismo”, destacó.
Gabriela Flores, presidenta de la Confusam, por su lado, destacó que se trata de una negociación satisfactoria. “El reajuste es igual para todos, no es escalonado, y eso para nosotros es un gran avance”, destacó, valorando también los pisos mínimos que se establecieron para los funcionarios técnicos, auxiliares y administrativos del área de la salud.
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