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En primera audiencia, el Ministerio del Trabajo intimó a la firma a pagar 100% de los sueldos adeudados y los sindicatos exigen lo de ley
Tras la primera audiencia entre los gremios aeronáuticos y Latam Airlines Argentina, realizada este miércoles al mediodía en forma virtual, el Ministerio de Trabajo exhortó a la compañía a pagar los sueldos adeudados, pero aún no definió si permite la apertura o no del procedimiento preventivo de crisis (PPC), solicitado el pasado 17 de junio.
Fuentes del sector aseguraron que podría haber definiciones en ese sentido la próxima semana.
Los gremios aeronáuticos reclamaron que la empresa cumpla con la ley, al recordar que están vigentes los decretos que prohíben los despidos y también, que pague sus obligaciones salariales, tal como lo habían hecho ya por escrito ante la cartera laboral, al rechazar el pedido de PPC.
Asimismo, destacaron que, en caso de despidos, rige la doble indemnización y reclamaron a la empresa que cese de "presionar para imponer retiros voluntarios" a los empleados, según comentaron desde los gremios al diario El Cronista.
Además, pidieron a la empresa que aclare por qué no solicitó el ATP (asistencia del Estado para el pago de salarios) para los sueldos de junio.
Pero fueron más allá y denunciaron que "la empresa está vaciando las oficinas y talleres; pedimos al Ministerio que inspeccione los sectores de oficinas y mantenimiento de Aeroparque porque los está vaciando sin poner sus cuentas al día", destacó Pablo Biró, titular de APLA (asociación de pilotos).
Latam Argentina, en tanto, ratificó su decisión de dejar de operar y cerrar la filial, en virtud de las razones ya argumentadas que tornan inviables una operación sustentable, y que el procedimiento preventivo de crisis (PPC) solicitado es "la vía legal que corresponde para avanzar con la disolución de los vínculos laborales actuales", comentó la empresa tras la audiencia.
Además, destacó que reabrió la propuesta de retiros voluntarios para sus empleados, para "buscar una solución consensuada y pacífica en la mayor cantidad de casos posible" y rechazó que "se pudieran haber generado presiones, extorsiones, sometimientos y/u otro tipo de irregularidades en dicho proceso", según consta en el acta, a la que tuvo acceso El Cronista.
Luego, la empresa destacó que "tiene un recurso limitado, que se irá aplicando al pago de adhesiones al PRV (programa de retiros voluntarios), y/o a anticipos salariales en el lapso en que continúe la tramitación" del PPC, "ratificando, en la delicada y objetiva situación de fuerza mayor y falta de trabajo no imputable, la viabilidad de aplicar oportunamente, la pauta indemnizatoria prevista en el Art. 247 LCT".
Ese artículo de la Ley de Contrato de Trabajo estipula que, en caso de fuerza mayor, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la que fija la ley. En el PPC, la empresa había planteado, en ese mismo sentido, pagar el 50% de las indemnizaciones.
Además, la empresa agregó que, "ante la severa problemática descrita y la situación de cierre, no aplican las limitaciones y/o duplicaciones que derivan de las normas invocadas", en referencia a las indemnizaciones.
Y aclaró que "el proceso en curso involucra devolución de inmuebles alquilados y otras medidas que deberán ir siendo oportunamente adoptadas", en referencia a las denuncias de vaciamiento de los gremios.
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