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Antes de 2022, el incremento pensional era decidido a juicio del gobierno pero desde el año pasado se determina con el índice IPC
El Estado paga más de 10 millones de pensiones contributivas al mes, prestaciones todas ellas que se verán revalorizadas a principios de año y que en este momento ya suponen un gasto mensual de 12.000 millones de euros, un 11,6% del Producto Interior Bruto (PIB).
Esta subida anual se hará en base a la evolución de la inflación. Desde 2022 y la entrada en vigor de la primera pata de la 'reforma Escrivá' de las pensiones, los incrementos en las pensiones no son una decisión política y se ciñen al Índice de Precios al Consumo, el IPC.
Antes la subida de las pensiones era discrecional y dependía de la decisión del Gobierno que estuviese en el poder, pero con la entrada de 2022 se pasó a un sistema automatizado en el que los aumentos de las pensiones dependen de la evolución de la inflación durante todo el año. El objetivo de este sistema es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
La Ley 21/2021, de 28 de diciembre (puede consultarla en este enlace del Boletín Oficial del Estado) contempla la modificación del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social para garantizar que los pensionistas no pierdan su poder adquisitivo.
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