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El proyecto, que sería recibido por la Suprema Corte de Justicia, tendría como puntos importantes la búsqueda de la paridad de género
El gobierno de México presentaría en los próximos días una propuesta de reforma judicial que dejaría fuera polémicos cambios que prendieron las alarmas entre defensores de derechos humanos y enfrentaron al gabinete, dijeron a Reuters tres fuentes de la administración pública.
El proyecto, que sería recibido por senadores en la Suprema Corte de Justicia, tendría como puntos importantes la búsqueda de la paridad de género en la carera judicial e incremento de la pena para el tráfico de influencias, anticipó una fuente de alto rango del gobierno que solicitó el anonimato.
"(La reforma) no es muy profunda", dijo respecto a una serie de borradores de la propuesta inicial que fueron revelados por Reuters en enero, horas antes de su pretendida publicación, que contemplaba permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios, restringir el uso de amparos para evitar dilatar las extradiciones, entre otros.
Además, buscaba ampliar el arraigo a todos los delitos, validar pruebas obtenidas de manera ilícita y, entre otras cosas, autorizar la intervención de cualquier comunicación privada en materia de carácter electoral y fiscal, ejercicios actualmente prohibidos por la Carta Magna.
"De la reforma penal no hay nada", sostuvo una fuente del gobernante partido Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, agregando que la nueva reforma sería presentada el miércoles.
Otro funcionario de alto rango explicó que la iniciativa que se presentaría próximamente sólo contendría "lo estrictamente necesario para darle viabilidad a las reformas que ya fueron aprobadas", como una modificación al artículo 19 de la Constitución sobre prisión preventiva oficiosa.
La fuente explicó que no es necesaria una amplia reforma sino, más bien, "ajustar" las leyes secundarias para permitir los cambios requeridos.
Los choques
A fines de 2018, López Obrador asumió la presidencia con la promesa de combatir la corrupción y la inseguridad alimentadas por el crimen organizado. Pero el año pasado, la cifra de homicidios tocó un nuevo récord con 34.582 casos, levantando críticas a su estrategia de seguridad.
Su administración planteó la reforma como respuesta al fracaso que supuso el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vigente desde 2016, que ha dejado un país donde menos de 2% de los homicidios se resuelven y muchas confesiones son logradas bajo tortura o presiones de autoridades.
Inicialmente, la propuesta iba a ser presentada a mediados de enero pero, tras la publicación de los borradores se retasó hasta principios de febrero.
La Fiscalía General de la República ha negado la autoría de los borradores y el propio mandatario aseguró que él no tiene "nada que ver" con la reforma y que el fiscal, Alejandro Gertz, es autónomo.
Según media docena de fuentes consultadas por Reuters, la dilación se debe a roces entre funcionarios del Poder Judicial y miembros del gabinete que no están de acuerdo con la amplia reforma planteada inicialmente por considerar que limitaría los derechos humanos y las garantías individuales.
"No comparto lo que está haciendo el fiscal", dijo una de las fuentes. "Él trae sus propias reformas".
La Fiscalía no respondió a una solicitud de comentarios.
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