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Dichos eventos se dan en medio de ajustes en los ingresos de las familias, con más de 1,2 millones de desempleados
Hace unos días sorprendió el nivel de gastos que se realiza en alimentación en Palacio de Gobierno, lo que posteriormente fue aclarado por el presidente de la República, Martín Vizcarra,al igual que los gastos que se han dado en el ministerio de Cultura.
Dichos eventos se dan en medio de ajustes en los ingresos de las familias, con más de 1,2 millones de desempleados en abril y muchas empresas que han adoptado el proceso de suspensión perfecta. Además, de los anuncios de compañías que optan por ir a un proceso concursal.
Estas circunstancias habrían llevado al Ejecutivo a analizar la propuesta de reducción de sueldos en altos funcionarios del Estado, que inicialmente fue planteada por la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma.
Así, se prepara un Decreto de Urgencia, para un ajuste temporal y por un periodo de dos meses de la remuneración del presidente de la República y las compensaciones económicas de los altos funcionarios del Estado del Poder Ejecutivo.
En dicho dispositivo se plantea que los ahorros derivados de dicha reducción contribuirá con el financiamiento de medidas que permitan mitigar el impacto de la propagación del Coronavirus (COVID-19).
¿A quiénes aplicaría?
Según la información a la que tuvimos acceso, se trata de todos los funcionarios que tienen ingresos iguales o mayores a los $21.686.500 ($20.000 soles mensuales), teniendo alcance a los ministros, viceministros, secretarios generales, directores generales, jefes de oficinas generales y titulares de organismos públicos.
La norma también llegaría a los puestos de dirección y a aquellos que desempeñan cargos de confianza, incluyendo asesores, bajo cualquier modalidad de contrato.
El monto de reducción es del 15% del sueldo que perciben. De la misma manera, la reducción también alcanza al aguinaldo de Fiestas Patrias.
De acuerdo a la norma que se discutiría hoy en el Consejo de Ministros, los recursos servirán para financiar una entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud, fallecidos como consecuencia de sus actividades profesionales en la contención a la propagación y atención del Covid-19.
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