Gobiernos locales en Venezuela suben impuestos al vaivén del dólar para sobrevivir

Los alcaldes en Venezuela, desesperados por conseguir ingresos, han optado por ajustar impuestos y tarifas de servicios básicos al ritmo que aumenta la tasa del dólar, una estrategia que en pandemia se convierte en un dolor de cabeza para empresas y comercios que luchan por mantenerse a flote.

Los pagos de las facturas municipales, que durante décadas representaron muy poco en divisas, se han disparado en el último año a miles de dólares al mes para oficinas o centros comerciales. En algunos casos, eso ha dado lugar a disputas legales y encarcelamientos.

Es el último capítulo de la desordenada liberalización de la economía que inició el gobierno del presidente Nicolás Maduro a finales de 2018, y que tras el desplome de los ingresos petroleros y las sanciones de Estados Unidos, ha permitido a las alcaldías y concesionarias aumentar las tasas y tarifas de servicios como el aseo según marca el vaivén del dólar.

Por años, los impuestos municipales se calcularon y pagaron en moneda local y no eran un costo importante para las compañías, gracias al rico Estado petrolero que financiaba el gasto de las regiones con ingresos por la venta de crudo.

"Como el gobierno no les da dinero para cumplir con sus tareas, las alcaldías buscan que la fuente de ingresos sea la tributación", dijo Héctor Orochena, un asesor de impuestos. "Un comerciante está bajo un esquema de inseguridad. No se puede determinar a cuánto subirá el dólar".

En la industrial ciudad de Valencia un comerciante dijo que debe pagar unos US$5.200 en impuestos locales, una cantidad que supera las ganancias del año pasado, cuando su negocio cerró durante ocho meses. En 2020 el impuesto que cobra el municipio por ser propietario del inmueble aumentó 9,427% en dólares.

"Se trata de montos desproporcionados, que no tienen una previsión económica para poderlos cumplir", dijo Lorenzo Araujo, vicepresidente de la cámara de comercio de Valencia. La alcaldía no respondió a una solicitud de comentarios.

Una sentencia del máximo tribunal de agosto de 2020 permitió a las alcaldías usar el petro, la criptomoneda oficial que equivale a 60 dólares, como patrón para calcular los tributos.

Desde entonces algunos de los 335 municipios de Venezuela empezaron a cobrar impuestos en función del nuevo parámetro y permitieron a las concesionarias elevar drásticamente las tarifas del aseo. En 12 meses el salto en el pago del aseo fue de 187.018%, según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas.

El Ministerio de Comunicación e Información no respondió a una solicitud de comentarios.

Bajo el nuevo esquema, en grandes negocios de la capital los cobros por aseo van desde US$7.000 a US$40.000, según recibos vistos por Reuters y una docena de fuentes consultadas entre empresarios, comerciantes y abogados.

"En una economía dolarizada mantener un camión de aseo cuesta mucho dinero", dijo el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, al reconocer un salto en las tarifas en el último año para invertir en la limpieza del municipio. "Durante muchos años el servicio para los residentes fue gratis", justificó.

Una decena de recibos del servicio de recolección de desechos vistos por Reuters muestran los montos a pagar calculados en petros en 2020. También detallan las cantidades a pagar en divisas y en bolívares según el tipo de cambio que estima el Banco Central, así que cada mes el monto varía. Hasta 2019 los recibos solo estaban en moneda local.

El cobro no se redujo en 2020 ni este año, pese a que muchos negocios han generado menos desechos porque trabajan menos por la cuarentena por el coronavirus, agregaron las fuentes.

La medida presiona aún más a la dolarización de facto que vive el país en hiperinflación, donde 67% de los pagos por alimentos o servicios de salud se hacen este año en divisas, según un reciente informe de la consultora local Ecoanalítica.

Caracas vs Miami:

Frente a las altas tarifas, varios comercios en Caracas han retrasado los pagos y acumulan deudas de miles de dólares que han causado la suspensión de la recolección de desechos. Ante el conflicto con el servicio del aseo, representantes de algunos negocios han sido demandados y hasta detenidos.

En enero, policías municipales en Venezuela arrestaron por unos días a dos empleados de un centro comercial en el este de la ciudad porque usaron un camión compactador de una alcaldía vecina para sacar los desechos acumulados por meses, dijeron fuentes conocedoras del caso.

Cuatro meses antes autoridades municipales denunciaron a los encargados del complejo comercial Parque Cristal en la fiscalía por "ilícitos ambientales" debido a la basura acumulada, de acuerdo a un documento visto por Reuters. La deuda del centro comercial era de 435 petros, equivalentes a 26.145 dólares.

En medio de la investigación, la alcaldía, la empresa prestadora del servicio y el centro comercial acordaron un esquema de pago de la deuda que se rebajó 70% y con la condición de pagar la mitad de los nuevos montos si se cancelan en divisas, señaló una de las fuentes conocedora del caso.

Maduro admitió a inicios de 2021 que los ingresos para gobernaciones y alcaldías "se han afectado por la hiperinflación", y en una alocución en marzo instó a pagar los servicios.

A finales de 2020, una asociación de comerciantes y residentes de Altamira, al este de Caracas, reclamó a las autoridades el cobro "exagerado" en petros del aseo. Un concejal respondió en una carta que el cobro en criptomoneda era por decreto presidencial y apuntó que en Miami los residentes pagan entre 400 y 600 dólares al año por adelantado en aseo.

En el municipio, la "tarifa más baja es de dos US$2 mensuales y la más alta de 20 dólares mensuales", agregó el concejal Máximo Sánchez, quien no respondió a solicitudes de comentarios.

En el municipio Libertador, sede del gobierno central y bastión del oficialismo, el cobro del aseo se multiplicó en 12 meses. "Un local que comenzó pagando el año pasado $40.000 bolívares al mes, recibió facturas por unos $800 millones de bolívares en diciembre", apuntó un líder gremial.

En la turística isla de Margarita la cámara de comercio denunció en enero que también pagan tasas excesivas del aseo urbano y tienen dificultades para realizar trámites tributarios a quienes no estuvieran solventes.

En la frontera con Colombia, en la capital del fronterizo estado Apure, la única oficina pública abierta en la cuarentena es la que recauda los tributos municipales y cobra así los comercios no tengan ventas, dijo Vito Venceslao, un líder del sector comercial en la zona. "No se puede seguir pretendiendo recargar toda la burocracia del Estado, de los municipios, de las regiones, en las pocas empresas que quedan vivas", dijo el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno.