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Excolonia británica ha endurecido manejo de casos que cataloga de seguridad nacional, siguiendo legislación impartida por China sobre la ciudad
Cuando Louis Lo fue arrestado en el apogeo de las protestas a favor de la democracia en Hong Kong de 2019 y acusado de planear el complot bomba más grande de la ciudad en décadas, las autoridades decidieron no procesarlo por terrorismo.
En ese momento, la ciudad nunca había acusado a nadie de intentar llevar a cabo un acto terrorista bajo una ley aprobada años antes con ese propósito. En cambio, el activista independentista, que según el juez de primera instancia buscaba crear “terror entre los ciudadanos”, fue acusado de guardar explosivos. Se declaró culpable en abril y fue sentenciado a 12 años de prisión.
Sin embargo, Hong Kong ha mostrado una mayor disposición a nivelar los cargos de terrorismo desde que China impuso una poderosa legislación de seguridad nacional en la ciudad el año pasado. Las autoridades comenzaron a usar sus amplias disposiciones para arrestar a miembros de la oposición en la ex colonia británica, arrestando a 29 personas por acusaciones relacionadas con el terrorismo en los últimos 18 meses, las primeras horas después de que la ley de seguridad entró en vigencia el 30 de junio de 2020.
Algunos de los casos involucran actividades que probablemente cumplirían con la mayoría de las definiciones internacionales de terrorismo, como un grupo de 14 acusados en julio de almacenar explosivos para atacar la infraestructura pública. Otros, sin embargo, podrían no cumplir con esos estándares, incluido un mesero sentenciado a nueve años de prisión por conducir una motocicleta contra un grupo de policías y cuatro universitarios acusados de abogar por el terrorismo por conmemorar a un hombre que apuñaló a un policía.
Los casos han ido acompañados de una serie de advertencias por parte de funcionarios del gobierno de que los radicales podrían estar planeando más ataques, y la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, declaró en octubre la “prevención de actividades terroristas” como una prioridad política para el próximo año. Mientras tanto, el principal funcionario de seguridad de la ciudad, Chris Tang, ordenó a las autoridades que intensifiquen la vigilancia para detener los ataques de los activistas independentistas y una nueva campaña publicitaria insta al público a denunciar las señales de terrorismo.
Si bien el gobierno defiende el enfoque como necesario para evitar el regreso de los disturbios que sacudieron la ciudad hace dos años, la estrategia trae riesgos a un centro financiero asiático de 7,4 millones de personas considerado desde hace mucho tiempo como uno de los lugares más seguros del mundo para vivir y trabajar. El esfuerzo no solo podría profundizar las preocupaciones sobre la estabilidad de Hong Kong, sino que podría erosionar la fe en las autoridades de la ciudad para que adopten un enfoque apolítico y mesurado para hacer justicia.
“Existe preocupación sobre cómo afectará la ley de seguridad al estatus de Hong Kong como un centro financiero y un destino comercial y bancario internacional”, dijo Lydia Khalil, investigadora del Lowy Institute.“Si los funcionarios juegan con la amenaza del terrorismo, afectará las evaluaciones de riesgo político de las empresas del territorio y su capacidad para hacer negocios allí”.
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