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Firma del documento contra el plebiscito
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La intención es crear un comando que realice una campaña difundiendo las razones por las que su aprobación será negativa
Convocados por la presidenta del Partido Nacional, Macarena Rubio, representantes de los partidos de la coalición de gobierno se reunieron este lunes para empezar a diseñar una estrategia conjunta contra el plebiscito de la seguridad social.
La intención es crear un comando específico que se dedique a hacer campaña difundiendo las razones por las que su aprobación será negativa para la población. La iniciativa, que es impulsada por el PIT-CNT junto a organizaciones sociales y sectores del Frente Amplio, supone eliminar las Afap, igualar las jubilaciones más bajas al salario mínimo y restaurar los 60 años como edad de retiro.
La semana pasada, Cifra y Opción divulgaron encuestas que señalan que más de 40% de la población está a favor de la iniciativa, algo que generó inquietud en el oficialismo y los hizo activar la campaña en contra, principalmente con informes que analizan los “devastadores” efectos económicos de su aprobación.
Este lunes, Equipos dio a conocer otra, que muestra "tercios casi perfectos": 36% a favor, 33% en contra, y 31% que no sabe qué votará.
Uno de esos documentos, que fue realizado a partir de cálculos del Banco de Previsión Social (BPS), circuló en las últimas horas en el comando del candidato nacionalista Álvaro Delgado y fue considerado “alarmante”.
Se trata de un análisis acerca del costo de una de las propuestas del plebiscito:la de equiparar las jubilaciones al salario mínimo.
De acuerdo con el informe al que accedió El Observador, aplicar esta medida tendrá un costo anual de US$ 1.037 millones (1,3% del PBI). La cifra, que representa el doble del presupuesto del Ministerio del Interior, alcanza únicamente a las pasividades que paga el BPS y se compone de US$ 300 millones por jubilaciones, US$ 583 millones de pensiones por fallecimientos, US$ 116 millones de pensiones por invalidez y US$ 38,5 millones de pensiones vitalicias.
En total, la cantidad de pasividades que deberán ajustarse son 497.395. Son –aproximadamente– 248 mil jubilaciones, 169 mil pensiones por fallecimientos, 61 mil pensiones por invalidez y 18 mil pensiones a la vejez.
La cifra calculada es casi el doble de la que señala el PIT-CNT.
Rodolfo Saldain –corredactor de la reforma jubilatoria– dijo a El Observador que la diferencia se debe a la interpretación que hacen del sexto punto del plebiscito.
A juicio del oficialismo, el texto –por cómo quedó redactado– abarca a todas las pasividades, mientras que el PIT-CNT entiende que son solo los pasivos.
El texto del plebiscito que genera la discordia dice así: “ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional”.
“El punto de la papeleta está redactado de forma que no queda lugar a dudas que es cada jubilación o pensión (no cada persona sumando sus beneficios”, dijo Saldain.
Para la central sindical, en tanto, la cifra es menor debido a que el “aumento de las prestaciones mínimas es por persona” y no por pasividad, como entienden en el oficialismo.
Así lo señala uno de los documentos elaborados por los promotores del plebiscito, que establece que el costo será de US$ 460 millones anuales (0,6% del PBI) y que abarca a 308 mil pasivos. “La norma, a fin de cumplir con el principio de suficiencia de las prestaciones, se refiere a derechos de la persona no a prestaciones”, dice en uno de los pasajes.
La diferencia entre un criterio y otro son US$ 578 millones por 188.290 pasividades.
El documento elaborado por el oficialismo señala que el monto a pagar por la equiparación puede aumentar si se consideran las personas que reciben jubilaciones o pensiones del BPS y "otra" caja.
A partir de cálculos del año 2018, la comisión que elaboró el diagnóstico de la situación de la seguridad social (es decir antes de la reforma) identificó que 65% de los pasivos de la Caja Notarial cobraban pasividades “de más de un organismo”. La situación se repite con 48% de la pasivos de la Caja Bancaria, 83% de la Caja de Profesionales, 34% de la Caja Militar y 36% de la Caja Policial.
Sin embargo, no se puede establecer "cuántas estarían por debajo del salario mínimo" porque "no hay disponible información desagregada como para estimarlo".
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