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La reforma sanitaria anunciada por el Gobierno de España contempla la retirada de la cobertura de salud gratuita a los inmigrantes irregulares, salvo en los casos de urgencia o embarazo, según el decreto publicado el martes en el Boletín Oficial de Estado.
El escrito también indica que la medida se pondrá en marcha desde finales de agosto.
El paquete, con el que el Gobierno espera ahorrar ?$7.000 millones, incluye además cambios en el pago de medicamentos con receta y medidas contra el turismo sanitario, así como un aumento de la coordinación entre Comunidades.
El texto aprobado por el presidente Mariano Rajoy alega 'una alta morosidad y un insostenible déficit en las cuenta públicas sanitarias', afirmando que 'se hace imprescindible la adopción de medidas urgentes que garanticen su futuro y que contribuyan a evitar que este problema persista'.
Las áreas de Sanidad y Educación, tradicionalmente protegidas en España, se han visto afectadas por el plan de ahorro que se suma a unos sobrios Presupuestos Generales del Estado, entre presiones de la Unión Europea y los mercados financieros para que Madrid cumpla el objetivo de déficit del 3% del PIB para el 2013.
Una de las modificaciones derivadas de la reforma sanitaria implica que el 31 de agosto dejarán de ser válidas las tarjetas sanitarias de los inmigrantes irregulares, un cambio con el que el Gobierno espera ahorrar ?$500 millones. Estas personas sí recibirían atención en caso de urgencia o de embarazo, parto y posparto, y los menores en situación irregular serán atendidos como españoles.
También los visitantes de países europeos se ven afectados por la nueva legislación. Para terminar con el llamado 'turismo sanitario', y ahorrar unos ?$1.000 millones se requerirá a los ciudadanos europeos que trabajen o estudien en España, o en su defecto que cuenten con un seguro de enfermedad, para recibir atención en el Sistema Nacional de Salud. Es previsible que las medidas, que según los críticos suponen un cambio de modelo en el sistema de salud pública que se remonta a 1977, levanten ampollas en una sociedad acostumbrada a un sanidad muy subvencionada. El sector sanitario acumula una deuda de unos ?$15.000 millones con los proveedores.
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