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La fábrica ha surgido como un caso de prueba importante para las nuevas disposiciones laborales en el marco de un acuerdo comercial
Los trabajadores de la planta de General Motors Co. que está al centro de una controversia comercial entre Estados Unidos y México dicen que están luchando para reemplazar a su sindicato debido a problemas de seguridad, incluido lo que caracterizan como una aplicación laxa de los protocolos contra el covid-19.
La fábrica, ubicada cerca de la ciudad de Silao, al centro de México, ha surgido como un caso de prueba importante para las nuevas disposiciones laborales en el marco de un acuerdo comercial renovado de Norteamérica. Y debido a que es una de las tres plantas de GM que producen camionetas pickup altamente rentables, es fundamental para el balance de la empresa. Cinco empleados de la planta hablaron con Bloomberg News, pero pidieron que no se publicaran sus nombres por temor a represalias.
Uno dijo que en su área de trabajo no se cumple la distancia social, incluso después de que dos empleados de su equipo murieran a causa de covid-19. Otra trabajadora dijo que su esposo, que también es compañero de trabajo, contrajo el virus, pero le dijeron que regresara inmediatamente al trabajo sin hacerse una prueba. Un tercer empleado dijo que no le han dado un uniforme adecuado que lo proteja de quemarse las piernas y que ha desarrollado problemas de espalda porque no le han proporcionado el calzado adecuado.
En un comunicado enviado por correo electrónico, la oficina de General Motors en México afirmó que la seguridad es su prioridad. La empresa dijo que ha implementado “estrictos protocolos de seguridad sanitaria” siguiendo las recomendaciones de las autoridades mexicanas y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La planta ha sido sometida a cinco inspecciones por parte de agencias estatales y federales relacionadas con las medidas pandémicas, las que encontraron que cumple totalmente con los protocolos, dijo el fabricante de automóviles. Agregó que proporciona a sus trabajadores equipos de protección y que realiza capacitaciones periódicas para reforzar la seguridad.
Los cinco trabajadores que fueron entrevistados forman parte de un grupo que busca reemplazar al actual sindicato. Dicen que 18 de sus colegas fueron despedidos en 2019 por organizar a los trabajadores para que eligieran una alternativa.
General Motors dijo que “respeta y apoya los derechos de nuestros empleados de dar una respuesta personal, libre, secreta y directa con respecto a su representación sindical”. La compañía dijo que se basará en la ley para garantizar la integridad del proceso de votación en la planta.
Los alegatos dejan de manifiesto las dificultades en la planta, que cuenta con más de 6.000 trabajadores sindicalizados y está ubicada a alrededor de 350 kilómetros al noroeste de Ciudad de México. Las autoridades mexicanas detuvieron una votación liderada por el sindicato del lugar previamente este año, arguyendo a irregularidades. La representante comercial de EE.UU., Katherine Tai, posteriormente pidió a la nación que revisara si a los empleados se les estaba negando el derecho de libre asociación y de negociación colectiva, lo que abre un espinoso asunto bilateral.
Las quejas también muestran que algunos trabajadores mexicanos están ansiosos por desafiar el statu quo bajo el nuevo régimen después de décadas de un sistema que consideran ineficaz.
Discrepancia salarial
Los trabajadores de la planta de Silao dicen que ganan menos de US$25 al día. Eso se compara con los salarios en un rango de US$18 a US$32 por hora en las plantas de GM en EE.UU. y Canadá. México —y sus sindicatos que tradicionalmente buscan los intereses de los empleadores antes que los de los trabajadores— han sido abordados por el T-Mec, como se conoce al pacto comercial regional.
Los nuevos mecanismos del acuerdo permiten a EE.UU. solicitar una revisión de los derechos de los trabajadores y los problemas laborales.
Estas votaciones sindicales, “de aplicarse correctamente, necesariamente ayudan a los trabajadores a obtener mejores condiciones de salarios y prestaciones”, dijo Joyce Sadka, experta laboral del Instituto Tecnológico Autónomo de México. “La información efectiva hacia los trabajadores, como suele pasar, es el punto débil”.
Sadka y sus colegas sindicalistas se reunieron con la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, cuando estuvo en México la semana pasada. Sadka dijo que le señaló a la delegación de EE.UU. que las votaciones sindicales están avanzando a pesar de varios desafíos, incluido el financiamiento.
Una de las trabajadoras que habló con Bloomberg, que es viuda, dijo que su salario no es suficiente para mantener a sus tres hijos. Agregó que el sindicato actual, que es parte de un grupo laboral organizado más amplio de 85 años de trayectoria conocido como CTM, le dijo que GM dejará México si los trabajadores no validan su contrato.
En respuesta, GM dijo que lleva más de 85 años en México y que el país representa “una pieza clave” de sus planes. La empresa está profundamente arraigada en el país y cuenta con una oficina central en Ciudad de México y plantas en Ramos Arizpe, San Luis Potosí y Toluca.
La CTM, que tiene 4,5 millones de miembros, ha sido acusada durante décadas de no proteger los intereses de los trabajadores. México estima que alrededor del 80% de los contratos sindicales se firman sin el conocimiento de los empleados y que se les otorgan poco más que sus derechos legales básicos. Estos llamados contratos de protección han ayudado a mantener bajos los salarios y contentas a las empresas en México, pero también han impulsado a los negociadores estadounidenses a establecer disposiciones laborales más estrictas en el marco del T-Mec.
La CTM no proporcionó comentarios para esta historia cuando fue contactada por Bloomberg. Después de que se suspendiera la votación en abril, el sindicato emitió un comunicado en el que decía que impugnaba la suspensión de la votación con las autoridades estatales, que ordenaron una investigación. La CTM dijo que “buscará la posibilidad de repetir el proceso” cumpliendo con los ordenamientos legales y las garantías de seguridad y transparencia.
En el pasado, el sindicato ha defendido sus contratos diciendo que son legalmente válidos y que son ejecutados de acuerdo con la ley.
Como parte de las provisiones del T-Mec, el Gobierno de López Obrador impulsó una ley en 2019 que requiere que los sindicatos realicen plebiscitos con voto secreto para validar sus contratos laborales. Esto tiene como fin expulsar a los sindicatos que no representan legítimamente a los trabajadores, pero la planta de GM en Silao ilustra los desafíos que enfrenta la nación para reformar el arraigado modelo.
México dijo que canceló las elecciones lideradas por los sindicatos en la fábrica de Silao después de descubrir que las papeletas no utilizadas habían sido destruidas. Cuando solicitó inspeccionar los votos que ya habían sido emitidos —aproximadamente la mitad de los 6.494 trabajadores sindicalizados había votado— el sindicato se negó, según un informe preliminar de la Secretaría. López Obrador dijo que la votación tendrá que realizarse nuevamente con el fin de eliminar el fraude, pero hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha, a pesar de que ya ha transcurrido el período de tiempo en el que debería haberse realizado una nueva elección.
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