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El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, se reunió con los altos ejecutivos de la empresa para conocer más detalles
Poco a poco la oferta de internet satelital en el país va sumando participantes y pronto tendrá a un invitado especial: el multimillonario Jeff Bezos.
El 30 de marzo fue publicado en el Diario Oficial el decreto de concesión intermedio, documento que permite a Amazon construir sus estaciones para conectar los equipos de baja órbita a la tierra. Este permiso fue autorizado el 15 de febrero por la entonces ministra de Transportes Gloria Hutt y el ahora exsubsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno.
La multinacional recibió el visto bueno de la autoridad para que pueda “instalar, operar y explotar” estaciones de rastreo, telemetría y comando, los cuales se conectarán a la Constelación Satelital Kuiper System, como se denomina la división de Amazon que dirige el proyecto a nivel global. A diferencia del decreto que salió en agosto de 2021 -el cual era la solicitud de autorización- este es el permiso definitivo.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, se reunió el pasado viernes con ejecutivos de la empresa para tener más detalles de las tres estaciones que están construyendo en la comuna de San Pedro, Longovilo.
“Para nosotros es una buena noticia que operadores de esta magnitud se interesen en dar servicios en Chile. Sobre todo los operadores satelitales, que nos permiten tener oferta de servicios en lugares inaccesibles para las redes terrestres. En este sentido, a lo ya avanzado con Starlink y Kuiper, si hubiera otros actores interesados recibirán las mismas facilidades para operar, siempre dentro de lo que nuestro marco regulatorio permite”, explicó Araya.
En tanto, Francisco Moreno dijo que la instalación de Amazon en el país “corrobora el atractivo que tiene Chile para que las empresas prueben y desarrollen nuevas tecnologías que nos permitan una mayor inclusión digital. Solo queda esperar que no perdamos dicho liderazgo en virtud de las normas que han sido aprobadas por la Convención Constitucional y que ponen un manto de profunda incertidumbre sobre las reglas de inversión extranjera”.
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