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Inversores y patrimonios buscan refugio ante el hachazo fiscal con la coalición Psoe y PP

jueves, 14 de noviembre de 2019

"Pánico" e "inquietud máxima" es el sentir de empresas e inversores, que plantean una avalancha de consultas a despachos de abogados

Expansión - Madrid

"Pánico" e "inquietud máxima" es el sentir de empresas e inversores, que plantean una avalancha de consultas a despachos de abogados para resguardarse de las alzas del IRPF, Sociedades, Sucesiones y Patrimonio.

"Pánico", "inquietud máxima", "un panorama muy inquietante" que amenaza "cuestiones muy sensibles que condicionan y distorsionan decisiones". Éste es el sentir de empresas en inversores ante la avalancha de impuestos que se avecina con un gobierno de coalición entre PSOE y el comunismo bolivariano de Podemos, por lo que están trasladando una avalancha de consultas a despachos de abogados con el fin de resguardarse del hachazo fiscal en ciernes. Subida del IRPF a las rentas altas y al ahorro, tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, gravamen del 5% a los dividendos, tasas Google y Tobin, subida de Patrimonio, encarecimiento del diésel... Éstas son algunas de las alzas de impuestos que pactaron socialistas y podemitas para los Presupuestos de 2019, cuando la formación de Pablo Iglesias no estaba en el Gobierno, a lo que se suma el ataque a la fiscalidad de Madrid y al anuncio de armonizaciones al alza en Sucesiones y Patrimonio.

La mayor preocupación la concitan la armonización al alza de Sucesiones y Patrimonio, la subida tributaria del ahorro y el gravamen a los dividendos, según trasladan los bufetes a los que ha consultado este diario. Esto lleva a adelantar operaciones, plusvalías, el pago de dividendos y donaciones, a reorganizar estructuras societarias y a cambios de residencia fiscal.

José Ignacio Alemany, socio de Alemany, Escalona y De Fuentes y presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), constata la "preocupación" entre empresas e inversores, que están planteando numerosas consultas, que prevé que se multipliquen en los próximos días. De todo el paquete de medidas que vendrán si prospera una investidura de un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, Alemany destaca la imposición de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades del 15%, sobre todo si es sobre resultado contable, como pretende Podemos, el gravamen del 5% de los dividendos y el alza de cuatro puntos del tramo máximo de los rendimientos del ahorro. El presidente de Aedaf cree que las tasas Google y Tobin tendrán "poco recorrido recaudatorio", pero insiste en el "temor de las empresas al gravamen de los dividendos, lo que les lleva a adelantarlos", y de los "inversores al alza fiscal al ahorro, con lo que se imputan rendimientos y ganancias este año".

Donar con urgencia
Ignacio Ruiz-Jarabo, inspector de Hacienda, director de la Agencia Tributaria (AEAT) entre 1998 y 2001 y socio de Ruiz-Jarabo Asociados, traslada el "pánico" entre empresas e inversores. Ruiz-Jarabo quiere "subrayar la base ficticia sobre la que quieren subir impuestos: que en España hay menos presión fiscal que en los países de nuestro entorno, cuando la renta media española es inferior".

El exdirector de la AEAT ve una "inquietud máxima, sobre todo por la armonización de Sucesiones, lo que está llevando a acelerar Donaciones". "Llegan clientes que quieren donar con urgencia a sus hijos y guardarse el usufructo", traslada. A Ruiz-Jarabo le parece "muy grave que se pretenda quitar competencias a las comunidades".

Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, cuenta que les están preguntando "muchos clientes", pidiendo que practiquen lo que denomina "eutanasia fiscal", esto es, un pacto sucesorio o herencia en vida que puede hacerse en las comunidades con un Derecho Civil propio, como Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón. Con esta fórmula, se tributa sólo por Donaciones.

Del Campo explica que además del miedo a la armonización al alza en Sucesiones y en Patrimonio, hay temor a que se acabe con esta figura del pacto sucesorio, como prevé el proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude del PSOE que se tramitaba en el Congreso el pasado febrero y que decayó con la legislatura.

Esaú Alarcón, abogado de Gibernau Asesores, constata que en este escenario es más conveniente adelantar operaciones, aunque alerta de que "no es descartable que alguna de las subidas fiscales tenga retroactividad".

Ángel Sáez, director de Ros Petit, señala la "preocupación" que le manifiestan sus clientes, en primer lugar, por la armonización al alza de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio que pretenden realizar PSOE y Podemos, con independencia de que creen más impuestos a la riqueza. "Hay mucho temor en la empresa familiar, que tiene una bonificación del 95% en Sucesiones y está exenta en Patrimonio", constata.

Raúl Salas, socio de Roca Junyent, ve mucha preocupación por una posible recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio y por el golpe fiscal a los dividendos, para el que el aconseja a las empresas pagarlos ahora.

Adelanto
Según recogió el Informe de recaudación de la AEAT de octubre de 2018, cuando PSOE y Podemos anunciaban un pacto plagado de subidas fiscales y el gravamen a los dividendos, cinco grandes empresas ingresaron de forma extraordinaria 2.100 millones. Es decir, adelantaron el cobro de dividendos en el pago fraccionado de octubre, ya que estos sí tributan en estos anticipos, aunque luego se devuelven en la campaña, para evitar la subida anunciada para 2019.

Luisa López, socia de Laffer Abogados, insiste en la "enorme inquietud" que está produciendo entre las empresas el gravamen a los dividendos que ya acordaron socialistas y podemitas, y entre las personas físicas, la agresividad de Pedro Sánchez contra la autonomía fiscal de Madrid y la defensa de una armonización al alza de Sucesiones y Patrimonio. Esto lleva al traslado de la residencia fiscal a Portugal. En el caso de los dividendos, el gravamen, en realidad del 25% del 5%, supondrá no sólo dobles y triples imposiciones, sino "infinitas", lo que va a llevar a realizar reestructuraciones empresariales con el fin de evitarlas, y pasar a estructuras más horizontales, dice López.

Jordi Capelleras, socio de Fieldfisher Jausas, cuenta que el gravamen a los dividendos, una medida que a su juicio "atenta contra las normas internacionales", es "bastante sensible para sus clientes condiciona muchísimo la estructura de un grupo".

Inquietud entre las grandes fortunas
Las grandes fortunas españolas están preocupadas por el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos. Desde que los líderes de los dos partidos anunciaron el martes su alianza, las principales bancas privadas no han dejado de recibir llamadas de sus clientes preguntando qué puede ocurrir con su patrimonio. "Al contrario de los mercados, las grandes fortunas suelen reaccionar de manera prudente", cuenta el presidente de una de las bancas privadas con mayor patrimonio en España. "Las conversaciones giran sobre cómo afectaría una subida de impuestos (Sucesiones, Donaciones y Patrimonios) a este segmento y a la regulación de las Sicav".

La amenaza a estos vehículos de inversión no es nueva y desde que Sánchez está en el Gobierno su número se ha visto reducido a mínimos de hace 17 años (todavía hay alrededor de 30.000 millones de euros en estas sociedades). "Una de las soluciones es domiciliar las Sicav en Luxemburgo, donde siguen tributando al 1%", cuentan desde otro banco especializado en grandes clientes. "Pero no es una solución suficiente, porque los clientes seguirían amenazados por el impacto fiscal".

Las soluciones que los grandes patrimonios están trasladando a sus banqueros de cara a evitar la inseguridad jurídica de un gobierno de coalición entre Podemos y PSOE son drásticas. Además de deshacer por completo la exposición a España a través de fondos, la medida más escuchada desde el martes en las oficinas de banca privada en España es trasladar el patrimonio y la residencia a Portugal (por proximidad y carga impositiva).

Esto es un problema añadido para el sector financiero. "Las entidades españolas perderíamos negocio y con esta situación solo saldrían beneficiadas entidades españolas como Bankinter o CaixaBank que tienen sucursales en Portugal", explican fuentes del sector.

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