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Expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas dijeron el miércoles que estaban investigando 200 muertes presuntamente cometidas este año por fuerzas policiales
Expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas dijeron el miércoles que estaban investigando 200 muertes presuntamente cometidas este año por fuerzas policiales venezolanas, en medio de preocupaciones por posibles ejecuciones sumarias.
Expresando inquietud por las muertes, los expertos aseguraron que las autoridades no entregaron los certificados de defunción, cobraron honorarios por las autopsias y entregaron los cadáveres en un "ataúd cerrado, con la instrucción de no ser abierto".
La delegación de Venezuela rápidamente desestimó las acusaciones sin abordarlas específicamente. "Una vez más, la misión de investigación presenta información politizada sin equilibrio y equidad", dijo Héctor Constant Rosales, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Marta Valinas, jefa de una misión de investigación de la ONU, dijo que el saldo de 200 decesos incluyó a personas muertas en un gran operativo policial en el barrio La Vega de la capital, Caracas, del 7 al 9 de enero.
"Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los muertos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales", dijo Valinas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Al menos 23 personas murieron ese fin de semana en un enfrentamiento entre la policía y las pandillas, según informes de prensa y activistas, mientras el gobierno se enfrentaba al escrutinio internacional por asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Brasil y Estados Unidos, hablando en el Consejo en Ginebra, expresaron su preocupación por lo que el encargado de negocios estadounidense, Mark Cassayre, denominó la "masacre" en La Vega.
Valinas dijo que desde septiembre al menos 36 personas habían sido detenidas ilegalmente, incluidos periodistas, y que algunas detenciones tendrían una "motivación política".
"El concepto estatal de 'enemigo interno' parece ser cada vez más amplio", afirmó.
Más de 20 personas, incluidos trabajadores de la salud, han sido detenidas por hablar sobre la respuesta del gobierno a la pandemia de covid-19, agregó.
Los investigadores independientes dijeron en septiembre pasado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, que constituyen crímenes de lesa humanidad.
La jefa de presupuesto del presidente, Shalanda Young, alertó que agencias que ayudan a los afectados se están quedando sin fondos para atender la situación
Las modificaciones de la Carta Magna fueron aprobadas en septiembre gracias a la mayoría oficialistas en el legislativo