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Boeing y el Departamento de Justicia se reunirán y decidieran los próximos pasos, que podrían incluir la revisión del acuerdo
El sorpresivo rechazo de la propuesta de Boeing Co. de declararse culpable de los cargos de fraude derivados de dos accidentes fatales del 737 Max ha introducido un candente tema cultural en los procedimientos después de que un juez se opuso a la consideración de la raza en la selección de un monitor de cumplimiento.
En una decisión que se opone al acuerdo propuesto entre Boeing y el Departamento de Justicia, el juez de distrito estadounidense Reed O'Connor se centró en los términos para designar a un monitor independiente, en particular el requisito de que la contratación siga los criterios de diversidad e inclusión del departamento para garantizar que los miembros de grupos minoritarios reciban una consideración justa.
El juez de Fort Worth, Texas, dijo que no podía aceptar el acuerdo propuesto porque exigiría indebidamente que se tuviera en cuenta la raza a la hora de contratar a un supervisor independiente y que su papel en asegurar que Boeing cumpla con el acuerdo se reduciría al mínimo. Pidió a ambas partes que se reunieran y decidieran los próximos pasos, que podrían incluir la revisión del acuerdo de culpabilidad.
"Estas disposiciones son inapropiadas y contrarias al interés público", afirmó O'Connor en su fallo del jueves. Un representante de Boeing no hizo comentarios sobre el fallo.
Las consideraciones sobre diversidad, equidad e inclusión siguen enfrentándose a obstáculos legales y políticos cada vez mayores , inspirados por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de 2023, que prohibió el uso de la raza como factor en las admisiones universitarias. Los críticos de las iniciativas de DEI sostuvieron que esas políticas promueven la división y socavan la toma de decisiones basada en el mérito.
Boeing desmanteló recientemente su departamento global de DEI, lo que la convierte en la última corporación de alto perfil en realizar cambios en la política. Si bien la fuerza laboral de Boeing tradicionalmente ha estado compuesta por blancos y hombres, la empresa ha intensificado sus esfuerzos para contratar a más empleados negros y personas de otros grupos minoritarios.
O'Connor ha emitido fallos que adoptan una postura conservadora sobre una variedad de cuestiones. Recientemente bloqueó un programa de subvenciones y asesoramiento empresarial de una organización sin fines de lucro de Texas que apoya a propietarios de empresas pertenecientes a minorías, argumentando que es racialmente discriminatorio.
La diversidad y la inclusión ya se habían tenido en cuenta en casos relacionados con Boeing antes del acuerdo de culpabilidad. El fiscal general de Texas inició una investigación para determinar si los compromisos de diversidad de un proveedor de Boeing causaron problemas de seguridad y fabricación de aeronaves.
O'Connor se hizo eco de las preocupaciones planteadas por los abogados que representan a los familiares de algunas de las 346 personas fallecidas en los dos accidentes, quienes le habían instado a rechazar el acuerdo. Han sostenido que las sanciones propuestas son demasiado indulgentes y han presionado para que los funcionarios de la empresa se enfrenten a un juicio penal.
El sorpresivo rechazo del acuerdo de culpabilidad significa que el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, quien se unió a Boeing en agosto, ahora enfrenta la tarea de superar los problemas legales y escándalos de larga data que heredó de sus predecesores, Dave Calhoun y Dennis Muilenburg.
El nuevo CEO ya enfrenta toda una serie de desafíos, desde déficits de producción persistentes hasta romper una serie de pérdidas anuales que se remontan a 2019.
De todas formas, es probable que el tribunal acepte una declaración revisada que aborde las preocupaciones específicas de O'Connor, dijo Holly Froum, analista de litigios de Bloomberg Intelligence, en un informe del jueves. Froum describió el rechazo como "más un riesgo de titulares que monetario" para Boeing, y dijo que es poco probable que la compañía enfrente la "multa máxima posible" de 25.000 millones de dólares que han exigido los familiares de las víctimas del accidente.
La reacción de los inversores al rechazo también sugiere optimismo de que la empresa puede superar el impasse, ya que las acciones cayeron 1% el jueves. La acción ha caído alrededor del 40% este año, la mayor caída en el Promedio Industrial Dow Jones.
Erin Applebaum, socia de Kreindler & Kreindler LLP que representa a algunos familiares de las víctimas del accidente, dijo que las familias ahora esperan que el rechazo del juez al acuerdo de culpabilidad ponga fin al "trato con guantes de seda" de Boeing por parte del gobierno.
"Esperamos una renegociación drástica del acuerdo de culpabilidad y la inclusión de nuevos términos que reflejen adecuadamente la magnitud de los crímenes de Boeing", dijo en un comunicado el jueves.
Los familiares de las víctimas de accidentes han luchado durante años para obtener penas más severas tras los accidentes del vuelo 610 de Lion Air en octubre de 2018 y el vuelo 302 de Ethiopian Airlines en marzo de 2019. Ambos accidentes fatales estuvieron relacionados con un sistema de control de vuelo defectuoso.
Boeing estaba a pocos días de completar un acuerdo de enjuiciamiento diferido anunciado durante los últimos días de la Administración Trump cuando un panel del tamaño de una puerta explotó en un 737 Max en el aire a principios de enero. La casi catástrofe condujo a revelaciones sobre controles de calidad deficientes dentro de las fábricas de Boeing, un mayor escrutinio por parte de los reguladores y los clientes y una reestructuración de la administración que incluyó la destitución del director ejecutivo de la empresa.
En mayo, el gobierno dijo que la compañía violó ese acuerdo y recomendó presentar cargos penales, citando el incumplimiento de Boeing de sus promesas. La compañía finalmente aceptó declararse culpable de conspiración criminal, pagar una multa e instalar un monitor corporativo independiente. El nuevo acuerdo también requería que la compañía gastara al menos 455 millones de dólares para reforzar sus programas de cumplimiento y seguridad.
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