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Martín Lapadú, fiscal de la ciudad de Buenos Aires, había solicitado ambas medidas con el argumento de que Uber incumplió una orden judicial que le prohibía operar en la capital argentina desde abril del año pasado.
"Sus pedidos se basan en que los directivos de Uber nunca cesaron en sus contravenciones sino que siguen omitiendo por completo los mandatos judiciales, continuando con la actividad ilícita", señaló una nota publicada en el sitio web de la fiscalía municipal.
En declaraciones a la televisión local, Lapadú dijo que los proveedores de internet solo podrían clausurar las plataformas de Uber si la prohibición se extendía a todo el país, algo a lo que ahora accedió la jueza María Fernanda Botana. En la tarde del lunes, sin embargo, la aplicación seguía activa.
Botana no quiso hacer comentarios a una consulta de Reuters.
En tanto, la filial local de Uber rechazó la medida y dijo que su actividad no será afectada.
"No es posible efectuar el bloqueo ya que la Justicia local de la CABA (ciudad de Buenos Aires) no puede ordenar medidas fuera de dicha ciudad", señaló la firma en un comunicado. "Se garantiza el normal funcionamiento de la aplicación", añadió.
La compañía, que tiene su sede en San Francisco, ha enfrentado pleitos judiciales en numerosos países donde provee sus servicios.
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