La Abogacía reclama que las pensiones sean justas para los mutualistas alternativos

El primer pleno presencial del Consejo General de la Abogacía Española (Cgae) aprobó un comunicado de manera unánime, exigiendo pensiones justas para los mutualistas alternativos. Este sistema de Previsión Social, poco conocido, involucra a aproximadamente 200,000 trabajadores autónomos y profesionales cualificados en actividades liberales, como abogados, ingenieros y médicos, quienes buscan una garantía económica en su vejez.

En su comunicado, la Abogacía respalda completamente la demanda de los mutualistas alternativos, quienes buscan lo que antes se reclamó para otros: una suficiencia económica en la tercera edad, amparada por la Constitución. El Cgae también señaló que, aunque el Gobierno ha reconocido la necesidad de abordar esta situación, la limitada información proporcionada reduce la propuesta a una solución meramente asistencial, que solo beneficiaría a quienes no puedan subsistir sin ayuda estatal.

En respuesta, el organismo reafirmó en el documento aprobado su "más enérgico rechazo" a esta respuesta, afirmando que la reclamación está dentro del ámbito de los derechos constitucionales. De acuerdo con la ley y por convicción moral, quienes representan a la profesión están comprometidos a contribuir de manera decisiva a la solución del problema.

Durante el pleno, también se aprobó la nueva estructura del Cgae, que incluirá, entre otras novedades, una nueva comisión enfocada en la previsión social de los profesionales. Esta comisión tendrá la tarea de monitorear los problemas relacionados con las mutualidades y proponer informes y soluciones a los desafíos presentes y futuros.

El presidente del Cgae, Salvador González, expresó que la Abogacía debe "mirar de frente" la situación de miles de mutualistas alternativos que enfrentarán pensiones insuficientes, y contribuir de manera constructiva a encontrar soluciones efectivas. González confía en que los miembros de esta nueva comisión desempeñarán un papel fundamental en este complejo proceso.

Además, se estableció una segunda nueva comisión llamada de Métodos Adecuados de Solución de Controversias, que asumirá en gran parte las competencias de la anterior subcomisión de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, que dependía de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (Craj).

El pleno también aprobó la creación de una nueva comisión dedicada a la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ya que la normativa actual es de 1996 y el Gobierno ha incluido en su agenda legislativa la tramitación de una nueva ley para actualizarla.

Otro cambio importante es la renombrada Comisión de Fomento de la Conciliación, Desconexión Digital y Bienestar de la Abogacía, que sustituye a la anterior Comisión de Defensa de los Intereses Profesionales, resaltando su enfoque en mejorar las condiciones laborales de los colegiados.

En cuanto a las subcomisiones, se establecieron la subcomisión de Derecho Tributario y la subcomisión de Organización Judicial y del Ministerio Fiscal. La primera se integrará en la Comisión de Estudios e Informes, mientras que la segunda funcionará bajo la Craj.