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Los gremios se movilizan para frenar la Ley Bases que reescribe parte de la Ley de Empleo Público poniendo fin a conquistas del sector
En la cuenta regresiva para negociar un ajuste en los salarios de mayo, el Gobierno de Javier Milei convocó a paritarias luego de un mes en el que no hubo subas y los ingresos de las y los empleados públicos perdieron más puntos frente a la inflación.Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimaran al Ejecutivo a presentar una oferta en una sola cuota que recomponga el poder adquisitivo mientras alertan por nuevos despidos en el marco de un "desguace del Estado".
La presión pública llega en momentos en los que la gestión libertaria volvió a empuñar la motosierra con más bajas que anteceden la segunda ola que muchos temen para fines de junio. Desde los gremios se movilizan para frenar la Ley Bases, entre cuyos artículos se reescribe parte de la Ley de Empleo Público poniendo fin a conquistas del sector como la estabilidad laboral.
"El Gobierno debe convocar con una oferta que en una sola cuota permita recuperar todo el poder de compra perdido en el sector público desde que asumió", indicó el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar. No obstante, el porcentaje que circula, aún de manera extraoficial, no llega a los dos dígitos para el período abril-mayo y ni siquiera llegarían a incorporarse con el pago del salario a principio de junio.
Ayer por la tarde, llegó la convocatoria para la audiencia hoy a las 15 en la sede Callao de la Secretaría de Trabajo. Fuentes de los gremios afirman que el período de liquidación ya terminó por lo que solo un mecanismo de Economía podría evitar que cualquier incremento vaya por planilla y se cobre recién a mediados del mes próximo.
El gobierno de Milei firmó tres aumentos para los estatales en 2024 -16% en enero, 12% en febrero y 8% en marzo- mientras que la inflación acumulada en el primer trimestre de 2024 fue 51,5%. Si se incluye desde el último mes de 2023 -el Gobierno anterior había cerrado un incremento de 19% para dos tramos noviembre-diciembre- hasta abril de 2024, la inflación acumulada asciende a 106,9%.
Mientras que Upcn firmó los dos últimos acuerdos -febrero y marzo- ATE los rechazó por considerarlos por debajo de sus demandas de empardar o superar el índice de precios. No obstante, al quedar rubricados por el gremio mayoritario, el acuerdo quedó validado para el conjunto de la administración nacional.
Acorde al último informe sobre Salarios Reales publicado por Cifra, a fines de la semana pasada, el centro de estudios de CTA de las y los Trabajadores subrayó que "la reducción de los salarios registrados resultó particularmente intensa en el caso del sector público, ya que en ese caso los salarios tuvieron aumentos nominales sumamente acotados ante el recorte brutal del gasto público".
De este modo, el salario real promedio del sector público -medido por capacidad de compra- descendió 20,6% entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, unos ocho puntos más que el desplome del salario registrado del sector privado que disminuyó 12,1%.
El salario estatal se calcula sobre un promedio que incluye tanto al nivel nacional como al provincial y comprende las remuneraciones de la administración pública y los sectores de Educación, Seguridad y Justicia, Defensa y Salud.
En abril último, el Gobierno nacional esquivó las paritarias estatales pese a los reclamos que se formularon tanto desde ATE como de Upcn. Ahora desde ATE salieron a intimar en público al Gobierno, a través de un comunicado, para reclamar la convocatoria. Exigen que se abone una suma de una sola vez para recomponer lo perdido.
"En el sector público enfrentamos el ajuste más grande de las últimas décadas. El Gobierno debe convocar con una oferta que permita recuperar en una sola cuota todo el poder de compra perdido desde que asumió", indicó Aguiar. Y añadió: "En las últimas semanas aumentaron drásticamente los estatales que cayeron bajo la línea de la pobreza. El ingreso promedio en la Administración Pública Nacional apenas alcanza para cubrir la mitad del costo que tiene la Canasta Básica".
Acorde a los datos oficiales del Indec, una familia tipo de dos adultos y dos menores necesitó $828.158 en abril para no caer bajo la línea de la pobreza. El superávit fiscal que tanto pondera el Gobierno, consignaron desde ATE, "se asienta fundamentalmente sobre el recorte de las jubilaciones y salarios de los estatales". Un informe del Iaraf muestra que 43% del ajuste se explica por esas dos variables: 35% en jubilaciones y pensiones y 8% en salarios públicos.
El salario estatal se calcula sobre un promedio que incluye tanto al nivel nacional como al provincial y comprende las remuneraciones de la administración pública y los sectores de Educación, Seguridad y Justicia, Defensa y Salud.
En abril último, el Gobierno nacional esquivó las paritarias estatales pese a los reclamos que se formularon tanto desde ATE como de Upcn. Ahora desde ATE salieron a intimar en público al Gobierno, a través de un comunicado, para reclamar la convocatoria. Exigen que se abone una suma de una sola vez para recomponer lo perdido.
"En el sector público enfrentamos el ajuste más grande de las últimas décadas. El Gobierno debe convocar con una oferta que permita recuperar en una sola cuota todo el poder de compra perdido desde que asumió", indicó Aguiar. Y añadió: "En las últimas semanas aumentaron drásticamente los estatales que cayeron bajo la línea de la pobreza. El ingreso promedio en la Administración Pública Nacional apenas alcanza para cubrir la mitad del costo que tiene la Canasta Básica".
Acorde a los datos oficiales del Indec, una familia tipo de dos adultos y dos menores necesitó $828.158 en abril para no caer bajo la línea de la pobreza. El superávit fiscal que tanto pondera el Gobierno, consignaron desde ATE, "se asienta fundamentalmente sobre el recorte de las jubilaciones y salarios de los estatales". Un informe del Iaraf muestra que 43% del ajuste se explica por esas dos variables: 35% en jubilaciones y pensiones y 8% en salarios públicos.
En la tarde del jueves, un total de 120 trabajadores y trabajadoras del Inadi fueron notificados a través del sistema GDE sobre su desvinculación del organismo. Según denunciaron los delegados de ATE, "la mayoría de ellos y ellas tienen entre 10 y 25 años de antigüedad, gran cantidad pertenecientes a los cupos regulados por ley (laboral travesti-trans y por discapacidad) y con enfermedades crónicas".
A fines de marzo, la primera ola de despidos masivos alcanzó a 40 cargos dentro del plantel que entonces ascendía a cerca de 400 en el Inadi. Con lo que ambas tandas de ceses totalizan el 40% de las y los trabajadores del instituto. En rigor, muy por encima de la poda en otros organismos centralizados y descentralizados donde se calculaban recortes de hasta 30%.
En febrero pasado, en una de sus conferencias matinales, el vocero Manuel Adorni fue el encargado de anunciar que buscarían cerrar varios institutos, entre ellos, el Inadi, como parte de "la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos". Fue el preludio de lo que llegaría poco más de un mes más tarde.
En el informe completo que remitió la Jefatura de Gabinete previo a la exposición de su titular, Nicolás Posse, ante el Senado, se consigna un total estimado de 14.000 bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada al 31 de marzo pasado. Desde la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública aclaran que los datos nominales están siendo aún procesados por lo que no brindaron detalles por jurisdicción.
Consultados sobre la posibilidad de tener que enfrentar litigios, desde el Gobierno se escudan en que "la facultad de la Administración de no renovar o rescindir, se encuentra prevista en el contrato oportunamente suscripto entre los agentes y el Organismo o jurisdicción (Ley Nº 25.164 y Decreto Reglamentario Nº 1421/02, Decreto 1109/17)".
Por esa razón, aseguran en el informe, no solo no se prevén acciones judiciales "ya que las mismas carecen de fundamentos" sino que "al no haber despidos, sino más bien bajas, no se prevé el pago de indemnizaciones".
"Estamos hablando de un ataque directo al corazón del Organismo, casi la mitad de la nómina de sus trabajadores y trabajadoras fueron despedidos. Sabemos que los trabajadores no somos un número y que la modalidad de designación que fue sostenida todos estos años expresa el fraude laboral del Estado", retrucó Nadia Fadic, delegada de ATE en el Inadi.
Ayer, desde el gremio encabezaron una movilización temprano en la mañana en las puertas del organismo. Acusaron a su interventora, Ángeles Quiroga, de avocarse exclusivamente a los despidos tras haber asumido sus funciones.
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