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Corte Interamericana de Derechos Humanos
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El estado peruano deberá presentar sus observaciones a la norma aprobada ante el Parlamento hasta el miércoles 12 de junio
El último jueves, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú a partir del 01 de julio de 2022; es decir, los casos que que hayan sido registrados antes de esta fecha no podrían ser procesados ni condenados por su comisión.
La iniciativa fue aprobada con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. Por su naturaleza, deberá ser sometida a una segunda votación siete días después, indicó el presidente del Parlamento, Alejandro Soto. Como era de esperarse, la aprobación de esta norma generó controversia y reacciones a nivel internacional.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado peruano presentar sus observaciones a la norma aprobada en el Parlamento hasta el próximo miércoles 12 de junio.
Así lo informó la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) en sus redes sociales. Dicha asociación, junto a otras ONG, presentaron una solicitud de medidas provisionales ante la Corte IDH por los casos Barrios Altos y La Cantuta, que son dos de los casos más sonados de abuso a los derechos humanos, por los cuales fue condenado el expresidente Alberto Fujimori, quien el año pasado salió de prisión luego que el Tribunal Constitucional (TC) le restituyera su indulto.
La comunicación firmada por el secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra, confirmó la recepción del documento en mención, en el que también se insta al Estado peruano interrumpir el trámite legislativo del dictamen aprobado en primera votación.
Durante el debate en el Parlamento se registraron posiciones encontradas. El legislador Guillermo Bermejo, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, comparó las intenciones detrás de este dictamen con el afán de soslayar crímenes perpetrados por el nazismo en Alemania y la dictadura militar de Argentina del periodo 1976–1983.
Por su parte, Roberto Chiabra, de APP, consideró que ha habido “mucha ligereza” en la tipificación de los delitos de lesa humanidad, generalizando actos aislados. La congresista Sigrid Bazán advirtió que Fujimori, Vladimiro Montesinos, los militares y el congresista Alejandro Aguinaga se verían favorecidos por el dictamen, al estar inmersos de violación de derechos humanos.
Precisamente, el abogado de Fujimori, Elio Riera, no descartó que su cliente se acoja a los alcances de esta norma en caso se apruebe en segunda votación en el Pleno. Como se recuerda, el exmandatario es actualmente procesado en el caso Pativilca.
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