La Corte Constitucional de Perú desestimó una demanda contra el presidente Castillo

Este martes la Corte Constitucional de Perú declaró válido el recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa del presidente Pedro Castillo y anuló la demanda constitucional interpuesta en su contra por el Congreso por el presunto delito de traición a la patria.

El tribunal también anuló el informe que había sido presentado en marzo por diputados conservadores y aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, al señalar que “vulnera el derecho a la debida motivación parlamentaria”, y ordenó al Congreso dar por terminado el proceso.

El ahora informe que el alto Tribunal acaba de desestimar, recomendaba procesar al presidente Castillo por el delito de tentativa de traición por supuestamente haber ofrecido entregar territorios peruanos a Bolivia para que tuviera salida al mar. También proponía la inhabilitación del presidente para el servicio público, así como su destitución inmediata del cargo por un período de cinco años.

Cuatro de los seis jueces que votaron por la nulidad del informe argumentaron que el mismo no solo afectó derechos, sino que perjudicó a la institución presidencial. Agregaron que “la expresión de opiniones no determina que tengan relevancia penal”.

La denuncia realizada por los sectores opositores fue vista como otro intento de derrocar al presidente Castillo después de fracasaran en el Congreso dos veces -por no obtener los votos necesarios- los intentos de destituirlo por una supuesta incapacidad moral.

El abogado del presidente Castillo, Benji Espinoza, calificó el fallo de la Corte como histórico y correcto y agregó que “fue una tontería legal”.

La decisión de la Corte se tomó cuando transcurría el segundo día de la visita al país de una delegación de alto nivel de la OEA un día después de que una delegación de alto nivel de la OEA llegara a Perú a pedido del presidente Castillo para investigar la supuesta intención de sectores opositores de organizar un golpe de Estado.

Castillo había solicitó a la OEA activar la Carta Democrática e iniciar un proceso de consulta en el país con todas las fuerzas políticas y poderes del Estado para encontrar una salida al conflicto político y poner fin a los repetidos intentos de juicio político.

Castillo declaró que el parlamento controlado por la oposición de derecha, la fiscalía y otras instituciones públicas habían estado planeando un golpe en su contra. Pidió a la OEA ayudar a su gobierno y defender la democracia y evitar la ruptura del orden constitucional en el país.

Desde la toma de posesión de Castillo en julio de 2021, las fuerzas de derecha en Perú han estado promoviendo intentos de desestabilización contra su gobierno y tratando de obligarlo a dejar el poder.

En el transcurso de los 16 meses en el cargo, a Castillo se le han iniciado seis investigaciones por presuntos delitos de corrupción, organización criminal, tráfico de influencias, complicidad en colusión, encubrimiento personal contra la administración de justicia y plagio en su tesis de maestría.

Actualmente, los partidos de oposición en el parlamento están promoviendo una tercera moción de juicio político en su contra. También se ha visto obligado a reorganizar su gabinete tres veces y ha cambiado a más de seis docenas de ministros por disputas y desacuerdos con el Congreso.