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El consorcio reclama a las autoridades panameñas un total de US$4.300 millones de dólares.
La Corte de Arbitraje de Miami ha condenado al consorcio Gupc, en el que Sacyr tiene 41%, a devolver los anticipos adelantados por la Autoridad del Canal de Panamá en 2009 para realizar las obras del tercer juego de esclusas.
A la constructora española le corresponden US$255 millones. Para hacer frente a la devolución, Sacyr ha firmado un crédito sindicado por ese importe por un periodo de cinco años con dos de carencia, según ha explicado la compañía en un comunicado.
Sacyr asegura que "esta operación se hace de forma independiente a la evolución de los negocios de Sacyr, que es muy positiva como se refleja en los resultados trimestrales, y que no se verá afectada por este laudo de ninguna manera".
Además, añade que el laudo establece que la Autoridad de Canal de Panamá debe abonar al consorcio liderado por Sacyr, del que forman parte además la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, US$36 millones más los intereses por los gastos de mantenimiento no abonados.
El grupo constructor, que recuerda que aún tiene otros arbitrajes abiertos con las autoridades del Canal de Panamá, señala que tiene previsto amortizar el préstamo de US$255 millones a medida que se vaya produciendo "el desenlace final" de dichos arbitrajes "sin un mayor coste debido a este laudo".
Sacyr y sus socios siempre han defendido que la devolución de los anticipos debería realizarse a cuenta de la futura liquidación de las reclamaciones que mantienen contra Panamá por los sobrecostes y retos técnicos que supuso la ampliación del Canal. En este sentido, el consorcio reclama a las autoridades panameñas un total de US$4.300 millones de dólares, disputa que también se dirime en arbitrajes.
El pasado mes de septiembre, Sacyr inició un arbitraje internacional contra Panamá ante Naciones Unidas con el fin de "defender" la inversión que el consorcio que lidera realizó para construir la ampliación del Canal, ante el retraso que acumula la resolución del proceso abierto sobre las reclamaciones que las empresas realizan al país por los sobrecostes de la obra.
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