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Los jueces se negaron el martes a decidir si los fetos tienen derechos constitucionales, rechazando una apelación de un grupo católico y dos mujeres
La Corte Suprema de EE. UU. se negó el martes a decidir si los fetos tienen derechos constitucionales a la luz de su fallo de junio que anuló la decisión Roe v. Wade de 1973 que había legalizado el aborto en todo el país, evitando por ahora otro frente en Las guerras culturales de Estados Unidos.
Los jueces rechazaron una apelación de un grupo católico y dos mujeres del fallo de un tribunal inferior contra su impugnación de una ley de Rhode Island de 2019 que codificó el derecho al aborto de acuerdo con el precedente de Roe. Las dos mujeres, embarazadas en el momento en que se presentó el caso, demandaron en nombre de sus fetos y luego dieron a luz. La Corte Suprema de Rhode Island decidió que los fetos carecían de la capacidad legal adecuada para presentar la demanda.
El gobernador de Rhode Island, Daniel McKee, un demócrata, dio la bienvenida a la acción del martes por parte de los jueces.
"Estamos satisfechos de que la Corte Suprema se haya negado a escuchar esta apelación frívola. El gobernador McKee cree que deberíamos expandir el acceso a la atención médica reproductiva para las mujeres", dijo el portavoz Matt Sheaff en un comunicado, y agregó que el gobernador "está comprometido a usar su pluma de veto para bloquear cualquier legislación que haga retroceder a nuestro estado".
Los abogados que representan a los demandantes no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El juez conservador Samuel Alito escribió en el fallo de junio que anuló el precedente del derecho al aborto que en la decisión el tribunal no se pronunció sobre "si y cuándo la vida prenatal tiene derecho a alguno de los derechos que se disfrutan después del nacimiento".
Algunos republicanos a nivel estatal han buscado lo que se llama leyes de personalidad fetal, como una promulgada en Georgia que afecta a los fetos a partir de las seis semanas de embarazo, que otorgaría a los fetos antes del nacimiento una variedad de derechos legales y protecciones como las de cualquier persona.
Bajo tales leyes, la terminación de un embarazo legalmente podría considerarse asesinato.
Los abogados del grupo Católicos por la Vida y las dos mujeres de Rhode Island, una llamada Nichole Leigh Rowley y la otra usando el seudónimo de Jane Doe, argumentaron que el caso "presenta la oportunidad para que esta corte responda a esa pregunta inevitable de frente" al decidir si los fetos poseen el debido proceso y los derechos de igual protección conferidos por la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos.
La Corte Suprema de Rhode Island se basó en el precedente Roe, ahora revocado, al determinar que la Enmienda 14 no extendía los derechos a los fetos. El fallo Roe había reconocido que el derecho a la privacidad personal en virtud de la Constitución de los EE. UU. protegía la capacidad de una mujer para interrumpir su embarazo.
Las antiguas leyes de Rhode Island incluían un estatuto penal, anterior al fallo Roe, que prohibía los abortos. Después del fallo de Roe, un tribunal federal declaró que la ley de Rhode Island era inconstitucional y no estaba vigente cuando la legislatura liderada por los demócratas promulgó la Ley de Privacidad Reproductiva de 2019.
Gina Raimondo, una demócrata que era gobernadora del estado en ese momento y ahora es secretaria de comercio de EE. UU. del presidente Joe Biden, firmó la ley de 2019, que codificó el statu quo de entonces bajo Roe en términos de derecho al aborto.
Más de una docena de estados han aplicado prohibiciones casi totales del aborto desde el fallo de junio de la Corte Suprema sobre el aborto en un caso llamado Dobbs v. Jackson Women's Health Organization.
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