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Otros ocho miembros del gobierno destituido sí acudieron a declarar este jueves, cuando la fiscalía solicitó para ellos prisión incondicional preventiva.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó a la jueza Carmen Lamela que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros que no acudieron este jueves a su citación por rebelión, sedición y malversación.
Según publica la agencia EFE, la petición afectaría, además de a Puigdemont, a los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). El fiscal pide que las órdenes se dirijan a las autoridades belgas al constatar que han viajado a ese país.
Otros ocho miembros del gobierno destituido sí acudieron a declarar este jueves, cuando la fiscalía solicitó para ellos prisión incondicional preventiva. De ellos sólo consejero Santi Vila podría eludir la cárcel, bajo fianza de 50.000 euros (US$58.146), ya que dimitió antes de la proclamación de independencia del 27 de octubre y fue el único que respondió a las preguntas de la jueza y la fiscalía en su declaración.
Si la jueza Lamela hace lugar al pedido del Ministerio Público, los cinco exfuncionarios catalanes podrían ser arrestados en cualquier momento y puestos a disposición de un juez, que deberá decidir si los envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares.
Por su parte, las autoridades belgas indicaron su disposición a aplicar la ley. "Solo puedo decir que se aplicará la ley, si la recibimos (la euro orden). No podemos hacer más comentarios ni conjeturas", añadieron las fuentes de la fiscalía.
"Estas citaciones se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que sólo busca castigar ideas", denunció Puigdemont en un comunicado. El dirigente de 54 años aclaró, sin embargo, que algunos de sus consejeros iban a responder a la convocatoria "como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas".
En tanto, su abogado, el belga Paul Bekaert, explicó a la prensa holandesa que intentará evitar la detención y prisión provisional para su cliente si llegara a emitirse una orden de detención europea.
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