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Cobre de Panamá, la mina de First Quantum
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First Quantum inició lo que podría convertirse en una batalla legal de años por su mina de cobre de US$10.000 millones, luego de que justicia de panamá decidiera cerrarla
La mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica se enfrenta un cierre definitivo por ser hallada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Esta aporta 5% al PIB de Panamá y produce 1,3% de la oferta mundial de cobre. Pero, ¿qué pasó?
Desde 1997, el yacimiento, ubicado en la provincia de Colón, viene siendo operado a través de un contrato firmado entre el Estado panameño y la sociedad minera Petaquilla S.A.
La misma concesión, antes de ser declarada inconstitucional en 2017, fue trasladada a la filial de First Quantum, la Minera Panamá, que siguió operando luego de que la inconstitucionalidad fuera publicada en la Gaceta Oficial del país. El contrato, inicialmente, fue aprobado sin licitación y “sin estudios de impacto ambiental”, le dijo Raisa Banfield, presidenta de Panamá Sostenible, a la BBC.
“Panamá es un país extremadamente dependiente de los ingresos que le genera el Canal, y el cierre tendrá un impacto considerable por los ingresos que empezó a generar en la comunidad”.
“La estabilidad laboral de la gente y los pequeños negocios afectados por el cierre de la mina tienen que jugar un papel importante en los planes de cierre. Hay que buscar mayor diversificación”.
La irregularidad llevó a la sociedad civil imponer una solicitud de inconstitucionalidad en 2009, que solo hasta 2017 se logró el fallo por la Corte, y la publicación en la Gaceta hasta 2021.
La ley en Panamá asegura que los contratos deben seguir la senda regular del Ejecutivo, y luego ser aprobados por la Asamblea Nacional. “Lo que pasó fue que luego de que la Minera se sentara con el Estado para las negociaciones sobre lo que pasaría con Cobre Panamá, y el Ejecutivo pasa la propuesta para ser estudiada a la Asamblea, la Asamblea la devuelve con recomendaciones.
Esto, inicialmente, no es legal”, dijo Rita Vásquez, directora del diario La Prensa Panamá. Se hacen los cambios por parte de la Minera, el contrato vuelve a la Asamblea y finalmente es aprobado. “Esto desató un gran movimiento social”, explica Vásquez.
En 2023, las negociaciones con la Minera se hicieron a puerta cerrada, y finalmente se dio el aval al proyecto (Ley 406) que les daba una nueva concesión para la mina (porque estaba inconstitucional la original) de US$10.000 millones prorrogada por 20 años. Este contrato garantizaba un ingreso mínimo al Estado panameño de US$375 millones.
Luego del levantamiento social por la minería metálica a cielo abierto, y por la celebración del contrato a puerta cerrada, el presidente de Panamá, Laurentino Cortozo, llama a sesiones extraordinarias a la Asamblea para realizar un referéndum, y así contar con la participación de la gente.
Sin embargo, desde la Procuraduría se les habría advertido que no podrían darle aval al proyecto porque la concesión originalmente habría sido declarada inconstitucional. En este momento, el Ejecutivo, en razón con la Minera, están planeando un cierre organizado de la mina.
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