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El informe observa que los datos indican que ya en los seis años previos, el atractivo de Perú a la inversión en ese rubro se venía deteriorando
A raíz de los resultados de la última encuesta anual a compañías mineras a nivel mundial del instituto Fraser, de Canadá -donde el Perú cayó 25 posiciones como atractivo para las inversiones en exploración minería-, Osinergmin realizó un análisis respecto a cómo está reaccionando el Estado y esa industria frente a las condiciones que hicieron retroceder al país.
Sin embargo, sus conclusiones, plasmadas en un informe elaborado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), no son muy auspiciosas, de cara a la próxima encuesta para 2024 que desarrollará Fraser.
El Informe Mensual de Energía y Minería de esa entidad -al que tuvo acceso Gestión- observa que (más allá del retroceso en 25 posiciones del Perú en el 2023) los datos indican que ya en los seis años previos, el atractivo de nuestro país a la inversión en ese rubro se venía deteriorando en forma abrupta y sostenida.
“La volatilidad política, cual tormenta impredecible, ha generado un clima de incertidumbre que ahuyenta a aquellos que buscan seguridad y predictibilidad para sus inversiones en exploración”, observa.
Además, advierte que, en los últimos años, nuestra nación también ha perdido atractivo en cuanto a recursos, a raíz del descubrimiento de nuevos yacimientos con mejores leyes de recursos en otros países, como El Congo, que cuenta con leyes de mineral de cobre por encima de las existentes en Perú y Chile.
Sin embargo, consideró que la inestabilidad política, que se erige como un desafío persistente, es exacerbada por los frecuentes cambios de gobierno y la ausencia de una política minera de largo plazo. “Esta volatilidad política perpetúa una incertidumbre constante entre los inversionistas, reduce la confianza empresarial y afecta negativamente las decisiones de inversión (en exploración)”, anotó.
Advirtió que, a corto plazo, esa situación es poco probable que mejore significativamente, especialmente durante el próximo periodo preelectoral (2025) y electoral (2026), previendo que los inversores adopten una postura de espera a la claridad sobre futura dirección política del país.
Actualmente, el Minem registra un total de 75 proyectos de exploración minera, aunque, según Walter Tejada, presidente del XIV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, esa cartera podría duplicarse a 150 si hubiera un trabajo conjunto entre gobierno, empresas y comunidades, para promover la inversión minera.
En su estudio, Osinergmin también observó que la seguridad en las áreas mineras es otra preocupación que cada vez afecta, en mayor magnitud, a la percepción de riesgo por parte de los inversionistas. A corto plazo, no se vislumbran signos de mejora, avizoró.
En cuanto a la regulación ambiental y la claridad del marco jurídico (que fue uno de los puntos de retroceso de Perú en la encuesta Fraser), el informe del regulador indica que se han realizado esfuerzos para clarificar y simplificar las normativas con el objetivo de ofrecer mayor certeza a las empresas mineras y minimizar el riesgo normativo.
Sin embargo, refiere, la duplicación normativa y la falta de coherencia en la aplicación de estas normativas siguen siendo problemas importantes que afectan la confianza de los inversionistas.
Según Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), obtener una autorización de exploración temprana puede tomar unas cuatro semanas en Canadá, unos meses en Chile, pero en Perú casi año y medio.
Además, la burocracia y la complejidad regulatoria siguen siendo barreras importantes, indica el informe. Aunque se han dado pasos hacia la simplificación de trámites, como el desarrollo de la Ventanilla Única Digital Minera (VUD) para la obtención de permisos por parte del Minem la realidad es que los procesos siguen siendo lentos y complicados, reconoció el documento.
Al respecto, Rafael Lengua, socio de minería del Estudio Philippi Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría, señala a Gestión que esa ventanilla única (que el Gobierno anunció haber puesto en marcha desde inicios de este año) aún no está completamente implementada.
“Todavía queda pendiente la aprobación de las normas que establezcan los instrumentos operativos y procedimentales necesarios para poner en funcionamiento los mecanismos de articulación y simplificación administrativa”, anotó.
Por tanto, concluyó, ese mecanismo aún no ha tenido un efecto en la aceleración de los trámites para los proyectos de exploración. “Si bien (en general) los cambios normativos han agilizado la tramitación de permisos para proyectos de exploración, tiene un efecto marginal y aún el Perú sigue siendo un país en que el toma demasiado tiempo obtener los permisos para perforar”, anotó el experto de PPU.
Para David Baracco, especialista del área minera del Estudio Rebaza, Alcazar & De las Casas, la finalidad de la VUD de que exista un solo centro de atención para obtener títulos habilitantes para minería o de simplificación administrativa, aún no se ha alcanzado.
“El Estado ha informado que la implementación de la VUD se está realizando en etapas. Sí hay implementado un portal web informativo relacionado a la VUD, pero que no es suficiente para las empresas e inversionistas que quieren operar y no dedicarse a gestionar permisos”, citó.
En general, consideró que la regulación de la permisología para exploración minera no ha sufrido un avance particular en este año, y que el problema radica en la demora de las entidades estatales en resolver dentro del plazo legal las solicitudes de los administrados, pues sus procedimientos exceden los plazos sobremanera, y generando gasto de recursos desmedido.
A su turno, Valentín Paniagua, socio del Estudio Echecopar, señaló que la VUD solo da información sobre los trámites para la actividad minera, pero que la expectativa del sector es que una vez que esté totalmente operativa, se logre agilizar y simplificar los trámites.
No obstante, indicó que la percepción generalizada es que hay un espacio de mejora significativo para poder acelerar los tiempos de la evaluación ambiental para obtener las autorizaciones para la búsqueda de nuevos yacimientos.
Además, indicó que se sigue aplicando el silencio administrativo negativo para proyectos de exploración minera (que no permite su autorización si no hay respuesta de la autoridad), si bien indicó que ello se ha flexibilizado el 2020, con un silencio administrativo positivo para proyectos donde (la autoridad considera que) es previsible que generen impactos negativos no significativos.
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