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El proyecto que ya fue aceptado en el Senado, obtuvo dictamen favorable en Diputados y quedó habilitada para tratarse en el recinto
Pasada la medianoche el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de Diputados de Argentina dio luz verde a la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) que impulsa el Gobierno.
El kirchnerismo obtuvo dictamen de mayoría con 34 acompañamientos para la iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado en noviembre del año pasado, mientras que Juntos por el Cambio obtuvo 29 por la minoría.
De esta forma, el proyecto quedó habilitado para tratarse en el recinto aunque aún no hay fecha prevista ya que el oficialismo aún no cuenta con los votos necesarios para aprobarlo en la Cámara Baja.
La reforma plantea una serie de cambios que afectarían la independencia del jefe de los fiscales, según coinciden la oposición y varios constitucionalistas. El principal es la modificación de la mayoría requerida para la designación del Procurador, que permitiría al Gobierno imponer al postulante que decida sin necesidad de consensuarlo con las demás fuerzas políticas.
Cambios en la elección del Procurador General de la Nación: el proyecto dispone que se realice con la mayoría absoluta del Senado, y no con la mayoría especial de dos tercios de los presentes, como sucede hasta hasta ahora.
Duración: el cargo del Procurador dejaría de ser vitalicio y pasaría a tener una vigencia de cinco años, reelegible por única vez. Esto, en opinión de los constitucionalistas, afectaría la independencia del funcionario.
Remoción: actualmente la Cámara de Diputados, con dos tercios de sus miembros, acusa al Procurador ante el Senado, que necesita de la misma mayoría especial para destituirlo. De aprobarse el proyecto sin modificaciones, a la Cámara Baja le bastaría con la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el proceso de juicio político.
Tribunal de Enjuiciamiento del MPF: el proyecto modifica las características de este cuerpo. Si bien mantiene su conformación de siete miembros, la propuesta del ministro de Justicia, Martín Soria, le da más lugar a la política.
Asistencia al Congreso: el Procurador deberá asistir al Congreso al menos una vez al año, en una sesión especial, alternando entre Diputados y el Senado. Allí, presentará un informe de gestión previamente enviado a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.
Suspensión: una vez iniciado el juicio política al procurador, la Cámara de Diputados podrá pedir su suspensión por hasta 180 días y nombrar un fiscal de manera provisoria. Para ello solo requerirá de la mitad más uno de sus miembros. El procurador interino tendrá que ser un fiscal con más de 10 años en el cargo.
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