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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados mexicana votó a favor de avanzar en el texto general del plan
Una comisión clave del Congreso aprobó el lunes el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el sistema judicial de México, allanando el camino para que el Congreso considere la controvertida propuesta que, según los opositores, pondrá en riesgo la democracia.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votó a favor de avanzar en el texto general del plan, que requeriría que todos los jueces federales en México, incluidos los miembros de la Suprema Corte, sean elegidos por votación popular. La comisión aún podría introducir cambios en el proyecto en votaciones posteriores, aunque la reforma principal —las elecciones judiciales— está prácticamente garantizada para seguir formando parte de la legislación.
El texto general de la propuesta fue aprobado con 22 votos a favor y 17 en contra. El plan es una prioridad para el presidente, conocido como AMLO, que lo ha caracterizado como una forma de erradicar la corrupción judicial y quiere asegurar su aprobación antes de que deje el cargo a finales de septiembre. Pero ha provocado reacciones en contra de los jueces, la oposición mexicana, los inversionistas y Estados Unidos que dicen que socavará la independencia judicial y erosionará los controles sobre el poder del partido gobernante Morena.
La propuesta requerirá la aprobación por mayorías de dos tercios tanto en la Cámara Baja como en el Senado. El partido Morena de AMLO y sus aliados de coalición obtuvieron una supermayoría en la Cámara Baja en las elecciones de junio y terminaron a solo dos escaños del control de dos tercios del Senado. El debate en la Cámara Baja sobre el proyecto de ley podría comenzar la próxima semana, cuando comience el nuevo Congreso.
Los opositores al impulso de la reforma intensificaron sus esfuerzos para detenerla antes del inicio del proceso legislativo. Los trabajadores judiciales realizaron huelgas nacionales contra la propuesta la semana pasada, mientras que el embajador de EE.UU., Ken Salazar, advirtió de que supondría un “gran riesgo” para la democracia y facilitaría la infiltración de los cárteles de la droga en el Poder Judicial.
Empresas globales en México como Nestlé SA, AT&T Inc. y MetLife Inc. dijeron que el proyecto de ley que se discute en el Congreso podría desalentar la inversión. El grupo instó al gobierno a modificar el proyecto de ley para que garantice la independencia judicial y se adhiera a las regulaciones del comercio internacional.
AMLO, sin embargo, tachó de “ridículas” las críticas a su propuesta durante su conferencia de prensa diaria del lunes, diciendo que la mayoría está de acuerdo en que los jueces sean nombrados por el pueblo.
“Esto no es una reforma judicial, significa la regresión a los peores momentos del tiempo de autoritarismo. Esto no es una reforma judicial, significa un regreso a los tiempos de concentración del poder”, dijo la legisladora opositora Margarita Zavala durante el debate.
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