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Los gobiernos pagan directamente a los médicos, contratan los programas de medicamentos y la administración de la red hospitalaria
Canadá tiene un sistema de salud universal financiado a través de impuestos. Esto significa que cualquier ciudadano o residente permanente puede solicitar un seguro médico público. En dicho esquema el rol del Estado es financiar, organizar, brindar los servicios de salud y supervisar a los proveedores.
Por ser un estado federal, sus diez provincias y tres territorios tienen un plan de salud diferente, de ahí que haya algunas diferencias en términos de cobertura. A pesar de ello, la esencia es la misma en todo el país. Los gobiernos pagan directamente a los médicos, contratan los programas de medicamentos y la administración de la red hospitalaria.
Desde su creación en los 60 hasta su consolidación a mediados de los 80, dicho sistema fue mostrado como ejemplo ante el mundo, incluyendo a su vecino Estados Unidos. Hoy, la realidad es distinta, y aquello que fue orgullo para el país comienza a ser una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. La pandemia puso en evidencia serias falencias, aumentando los tiempos de espera para tratamientos con especialistas, cirugías e incluso para la atención en la red de urgencias.
Según un estudio hecho por el Fraser Institute, un centro de pensamiento especializado en el tema, el tiempo de espera promedio para ver a un especialista es 27,4 semanas, mientras que en 1993 era de 9,3 semanas. El tratamiento que más rápido se presta es el de la radioterapia para pacientes con cáncer, en 3,9 semanas, mientras que las neurocirugías son las que más espera demandan, 58,9 semanas.
Tras la petición hecha por diversos sectores, incluidos los gobernadores de las provincias, el primer ministro Justin Trudeau anunció un aumento de US$150.000 millones durante los próximos diez años al presupuesto de la salud. “Son miles de millones de dólares para las provincias y ciertamente esperamos trabajar con ellas para poder entregar no solo ese dinero, sino esas mejoras en la atención médica a los ciudadanos de todo el país”, aseguró el mandatario.
Escasez de personal
Sumado a esto el país enfrenta una escasez de profesionales de la salud. En Ontario y Quebec, donde vive 60% de la población canadiense, se estima que 2,6 millones de personas no tienen acceso a un doctor de familia, que es el modelo central del sistema, y se prevé que en el corto plazo 1,7 millones más quedaran en este mismo limbo dado que sus médicos que se acercan a la edad de retiro.
Según datos de la Ocde, Canadá tiene una de las tasas más bajas en materia de oferta de médicos entre los países desarrollados. Mientras aquí hay 2.8 por cada mil habitantes, una cifra cercana a la de Colombia donde hay 2,08 por cada 100.000, en España este indicador es cercano a cinco.
Parte de la menor oferta de médicos está explicada por el mercado generado el propio modelo. Los profesionales de la salud tienen un único cliente: el gobierno. Y este tiene la capacidad de controlar costos y precios. De ahí que el ejercicio de la medicina, a diferencia de otras profesiones donde existe el libre mercado, resulte menos atractivo desde la perspectiva profesional y de ingresos.
Público o privado
El dilema en torno a la naturaleza del sistema de salud comienza a ser evidente incluso entre las provincias. Mientras Ontario mira hacia la atención médica privada, British Columbia está reinvirtiendo en su sistema público. Justamente esta última provincia fue pionera en expandir el uso de clínica privadas para abordar los retrasos en cirugías. Ahora, dando un giro a esa idea, comenzó a comprar dichos centros médicos para incluirlos en su red pública.
En contraste, siguiendo la línea que llevaba hasta ahora British Columbia, el gobernador de Ontario está buscando la inclusión de los privados para que realicen cirugías que hoy tienen un largo tiempo de espera, como el reemplazo de cadera y los procedimientos oftalmológicos. En Canadá la figura de la medicina propagada no existe, toda la red es pública, de ahí que esta medida anunciada por la provincia más importante del país genere cierto tono de privatización.
“Ni siquiera me gusta la palabra 'privado' porque realmente no lo es. Ningún residente tendrá que pagar con una tarjeta de crédito. Solo tendrán que presentar su tarjeta de salud”, señaló Doug Ford, gobernador de la provincia de Ontario.
Actualmente las clínicas privadas solo pueden ofrecer sus servicios a no residentes. Es decir, que si una persona de Ontario quiere ser tratada en un centro privado debe desplazarse a otra provincia y pagar allí por ese servicio. Dados los largos tiempos de espera algunas personas están optando por ello, asumiendo por cuenta propia los costos de sus tratamientos.
En medio de esta situación, por primera vez los canadienses comienzan a ver con cierta favorabilidad el ingreso de los privados al sistema de salud. Una encuesta realizada recientemente por Ipsos encontró que 59% de los consultados apoyan la prestación privada de servicios de salud financiados con fondos públicos. “Esta es la primera vez, de lo que puedo recordar, que la mayoría de los canadienses dicen que están abiertos a considerar métodos privados de entrega en el servicio de salud”, dijo Darrell Bricker, director ejecutivo de Ipsos Public Affairs.
Hasta ahora, mantener el sistema universal de salud bajo el monopolio del estado ha sido la piedra angular de la política en Canadá. Ni los conservadores, caracterizados por su visión pro libre mercado, cuando han estado en el gobierno federal, han dado pasos en esa dirección. Ahora, cuando 85% de los canadienses considera que se necesitan cambios drásticos, esta carta se pone sobre la mesa.
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