Las empresas adelantan ajustes de plantilla y paran contratos por el pacto Sánchez-Iglesias

Empresas e inversores están "preocupados" por los cambios laborales que se avecinan y están planteando un alud de preguntas a los despachos. Temen una contrarreforma laboral que afecte a los ERE y a las condiciones de trabajo.

Empresas e inversores están "preocupados" e "inquietos" y están planteando un alud de preguntas a los despachos sobre los cambios laborales que se avecinan con un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Temen una contrarreforma laboral que afecte a los ERE y a las condiciones de trabajo. Así lo trasladan los abogados de Laboral a los que ha preguntado este diario, que también muestran su preocupación por el impacto en el mercado de trabajo de las medidas que defiende la formación de Pablo Iglesias, entre ellas, la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, y también la de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010. Desde que se anunció el preacuerdo el martes, las empresas están analizando e, incluso, decidiendo, adelantar ajustes de plantilla y prejubilaciones, realizar subcontrataciones y frenar la contratación. El parón se debe en algunos casos a que se están aparcando inversiones que iban a suponer más contratos, cuentan los bufetes consultados.

El PSOE ha repetido hasta la saciedad su intención de "derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral", lo que nunca ha quedado claro ni se ha concretado en el año que ha estado en el poder, pero que un gobierno de coalición con Podemos, en el que se está valorando que la formación morada lleve el Ministerio de Trabajo, obligaría a definir y a acercar posturas con un partido que preconiza la derogación sin ambages.

Podemos plantea además en su programa seguir aumentando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros al final de la legislatura y mantener la prestación por desempleo hasta el final en el 70% de la base reguladora, sin recortes, y subir las cuantías máximas y mínimas. Promete una jornada de 34 horas y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados, "poner orden" en la subcontratación y prohibir los contratos temporales de menos de un mes.

Eliminará, asimismo, los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más, a lo que se suman otras medidas que, a juicio de los abogados consultados, imposibilitarían la viabilidad del sistema de pensiones.

Martín Godino, socio director de Sagardoy, explica que "hay preocupación": "Partimos de un marco laboral mejorado. Podemos defiende modificaciones en la flexibilidad interna, las condiciones concretas de trabajo (jornada, salario), y externa (contratos y despidos), lo que no hace el PSOE.

Hay preocupación con que vuelva el marco anterior a 2012 y que se haga prácticamente imposible modificar las condiciones laborales y se dificulte mucho el despido", advierte. También constata "mucha preocupación con que se vuelva a la autorización obligatoria de la autoridad laboral en los ERE", cuando cree que "el funcionamiento desde la reforma laboral ha sido muy bueno. Sería un retroceso volver a la intervención política, lo que supondrá un freno a la creación de empleo y un incentivo a la contratación temporal. En estos años, los ERE con acuerdo han sido más del 90%, con lo que se ve que el marco vigente no es irracional y que ha contribuido a solucionar crisis".

Bajas incentivadas
Alfredo Aspra, socio director de Laboral de Andersen Tax & Legal, cuenta que están recibiendo "numerosas consultas". Las empresas piden "adelantar bajas incentivadas y reestructuraciones, se están precipitando las solicitudes de prejubilaciones y ERE, hay gran inquietud sobre qué va a pasar y, sobre todo, qué deben hacer con movimientos y planes previstos relativos a inversiones y apertura de centros que implicarán contratación", por ejemplo, un centro de servicios compartidos financiero y de compliance que iba a dar servicio a toda una empresa.

Pilar Menor, socia directora de DLA Piper, relata que "está habiendo muchas llamadas sobre qué va pasar en materia laboral en un momento en el que parece que nos acercamos a un nuevo escenario de ralentización: a los empresarios les preocupa que pueda haber un aumento de los costes laborales en época de ralentización". Según Menor, "los inversores quieren estabilidad y estas cosas llevan a replantearse inversiones, te preguntan si va a haber marcha atrás, cuando con ralentización necesitamos estabilidad". A esto añade que "nuevas subidas del SMI después de la que ha realizado el PSOE, del 22%, pueden crear dificultades importantes en determinados sectores". Y remacha: "Empresas que tenían pendiente algún ajuste pueden anticiparlo o acelerarlo si ven posibilidad de que se vuelva atrás en herramientas de flexibilidad".

Antonio Pedrajas, presidente de Abdón Pedrajas, señala que "hay una inquietud importante, desde nosotros como aplicadores de la norma hasta los sufridores, que van a ser empresas y trabajadores. El planteamiento laboral de Podemos es diferente, es una vuelta a los cuarteles de invierno, del siglo pasado, que asusta a los inversores, con lo que peligra la contratación porque habrá más costes y un alza no justificada de cotizaciones por un afán recaudatorio no necesariamente para tener un trabajo de calidad".

Pedrajas es partidario de modernizar el Estatuto de los Trabajadores, pero "trasladando todas las partes buenas de las reformas. La reforma laboral ha funcionado, irnos a una derogación total supondrá una gran inseguridad jurídica y el caos en las relaciones laborales". Lo que hay en el programa de Podemos no le parece "estimulante".

Convenios
Sobre la relevancia del convenio del sector, apunta que "los datos muestran que los trabajadores no han sido despojados de derechos y el cambio va a implicar que haya menos flexibilidad". Y advierte de que si se limita la flexibilidad interna, sólo queda la externa, con lo que habrá más extinciones y repercutirá en la contratación. En cuanto a las restricciones en la subcontratación, Pedrajas avisa de que Podemos va mucho más lejos que el PSOE, y recuerda que "muchas pymes y autónomos viven de ello".

Eduardo Peñacoba, socio de Simmons & Simmons, cree que "a buen seguro el pacto afectaría a la negociación colectiva y sin duda volveríamos a la ultraactividad de los convenios colectivos e implicará el fin de la prevalencia del convenio de empresa. Lo cierto es que la negociación colectiva ha sido debilitada, en mi opinión por la pérdida de influencia de los sindicatos y por las nuevas formas de empleo". Peñacoba añade que la Inspección de Trabajo les ha informado de la recuperación de la intervención de la Administración en los ERE. Por último, Talmac Bel, socio responsable de Laboral de Fieldfisher Jausas, traslada la preocupación de las empresas sobre subcontratación y convenios.