Las razones por las que manifestantes chilenos quieren una reforma pensional

Diez años después de retirarse, Patricia Azagra se considera a sí misma como una de las chilenas afortunadas. A diferencia de muchos, tuvo un empleo estable durante casi toda su vida laboral e hizo contribuciones regulares a sus pensiones por más de 30 años.

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Incluso así, su pensión mensual de cerca de US$ 600 es apenas un tercio de su salario final, y cerca de la mitad de lo que le prometieron cuando comenzó a imponer en el sistema de pensiones pionero de Chile en los '80. Arreglárselas sin ayuda de sus hijos es "imposible", dijo.

"Gracias a Dios también tengo salud", afirmó la exasistente social municipal de 75 años, que teme tener que depender del caro sistema de salud privatizado de Chile. "Por supuesto que no puedo costear vacaciones ni nada que no sean los costos más básicos. Si me pasa lo que sea -¡bang!- caeré en la pobreza".

Su situación, precaria como es, al menos es mejor que la de 44% de los jubilados chilenos que reciben menos que el salario mínimo de cerca de US$ 400.

A medida que los chilenos de todas las edades salen a las calles a protestar por la pobreza persistente y las injusticias sociales, la ironía para muchos es que el sistema de pensiones que quieren que el Presidente Sebastián Piñera cambie fue alguna vez alabado globalmente como un motor de prosperidad económica: el "Mercedes-Benz" de las pensiones.

Chile fue el primer país en el mundo en privatizar el sistema de pensiones. Establecido hace casi 50 años durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, el definido como modelo de contribución fue alabado por instituciones como el Banco Mundial y visto como una parte central de la historia de éxito económico de Chile.

Alto empleo irregular
Sustentado exclusivamente en la contribución obligatoria de 10% de los empleados, fue copiado por más de 30 países en América Latina, el sudeste de Asia y el este de Europa. Apoyado por pagos regulares, el sistema de pensiones chileno creció y el rudimentario mercado de capitales del país se fortaleció: los fondos de pensiones ahora superan los US$ 200 millones, o 80% del Producto Interno Bruto. Esto jugó un rol crucial en convertir a Chile en el país más rico de la región, sacando a millones de la pobreza.

Pero el sistema está diseñado para beneficiar sólo a quienes se mantienen en el empleo formal por la mayor parte de sus vidas laborales y por lo tanto son capaces de hacer pagos regulares. El gran sector informal de Chile -un tercio de la población tiene empleo irregular- significa que muchas personas imponen poco o nada durante sus vidas.

"Es un sistema que no funciona para la realidad de América Latina", dijo Andras Uthoff, un experto en pensiones en Santiago. El sistema privado "funciona bien para cerca de un quinto de la población, pero no para la vasta mayoría. Ellos fueron olvidados", agregó.

"Chile nunca dejó el modelo (neoliberal) instalado por Pinochet y ahora está pagando el precio", dijo Andrés Solimano, economista y exdirector para el país del Banco Mundial en Santiago. "Ese modelo está obsoleto en su forma actual, y necesita una actualización seria. No hay una red de seguridad social en Chile".

Modelo mixto
Analistas argumentan que una tasa de ahorro de 10% -casi la mitad del nivel de contribuciones de los países desarrollados- es demasiado baja para entregar a los jubilados un ingreso decente. Las edades de retiro, de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, también son bajas, dado que la esperanza de vida ha subido en una década desde principios de los '80.

Gran parte del debate -y la rabia en las calles- se ha enfocado en los fondos de pensiones privados, que los críticos dicen que tienen ganancias excesivas mientras pagan a veces pensiones irrisorias. Un eslogan extendido en las pancartas de los manifestantes y los graffiti en Santiago es "No más AFP".

Fernando Larraín, director general de la asociación de administradores de pensiones, afirmó que incluso si todas sus ganancias se les entregaran a los pensionados, eso equivaldría a menos de US$ 13 por persona. "Eso está muy bien, pero no resuelve nada", asegura, argumentando que lo que se necesita es mejores pensiones, que deberían ser al menos en parte financiadas por el gobierno. "Hay una solución, pero es cara. ¿De dónde va a provenir el dinero?".

Gobiernos anteriores han intentado modificar el sistema, para permitir algo de apoyo estatal para quienes tienen bajos ingresos. Desde 2008, el gobierno ha pagado una pensión básica a los trabajadores más pobres, llegando apenas a US$ 150 mensuales. Eso le cuesta al gobierno cerca de 0,8% del PIB, y se compara con un promedio de 6% en los países OCDE.

Se estaban discutiendo cambios mayores incluso cuando los manifestantes se mantenían en las calles este mes. Ya se acordó un alza de 50% en la pensión estatal básica en el Congreso, lo que le costaría al Estado US$ 1.300 millones extra al año, y hay propuestas de que los empleados realicen una contribución extra de 5% a una nueva agencia estatal.

"Es el costo de hacer negocios", afirmó Jonathan Callund, un consultor de pensiones con base en Santiago, apuntando a que mientras los empleadores no han realizado hasta ahora contribuciones directas a las pensiones, las reformas de Pinochet los obligaron a compensarlo pagando sueldos más altos. "Como pasa en el resto del mundo, todas las contribuciones de seguridad social son pagadas por el empleador. Esto es claro como el día".

Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, teme que una solución populista al problema de pensiones de Chile comprometa al equilibrio fiscal. "El elástico ya ha sido estirado, y no sé a qué punto se cortará. Depende de cuán irresponsable quiera ser el gobierno".