"Las reformas alejan a México de otorgar certidumbre jurídica para atraer inversiones"

Lejos de que México se esfuerce para otorgar la certeza regulatoria y el respeto al Estado de derecho que por años han solicitado inversionistas residentes y extranjeros, están discutiendo la posibilidad de desaparecer órganos autónomos, modificar la configuración de fondo de los Poderes y bajar la profesionalización de los jueces y magistrados, advirtió el experto en controversias constitucionales de la firma de abogados Santamaría y Steta, Mariano Calderón

Si de golpe pretendemos cambiar todas las reglas, y no damos certidumbre sobre quién será el árbitro para resolver controversias en sectores técnicos especializados, lo que generamos es inseguridad y una sensación de desamparo sobre las reglas que pueden regir sobre una inversión”, señaló.

De acuerdo con el experto, las iniciativas para eliminar siete órganos autónomos y organismos reguladores (que avanzó en Comisione en la Cámara Baja) va en contra de los principios del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá.

“En el actual T-MEC, se prevé que debe haber autoridad autónoma, independiente, profesional y técnicamente especializada, encargada de atacar y prevenir a los monopolios”, señaló.

El experto reconoció que no hay forma de hacer pronósticos o tomar referencias históricas sobre el impacto que tendrá la eventual desaparición de estos órganos.

“Tendrían que hacerse adecuaciones al marco legal de cada entidad que absorberá las responsabilidades y funciones asignadas anteriormente a los órganos. Y tendríamos que ver cuál sería la reacción de los gobiernos socios y la nueva presidencia que entrará en Estados Unidos para determinar si consideran que la modificación atenta o no contra el T-MEC y determinar la medida de cada gobierno. Si iniciar consultas o buscar instalación de paneles para resolver las controversias, o en el peor de los casos, en el 2026, la aplicación de cláusula de vigencia del tratado y alguno de los gobiernos puede decidir que no quiere seguir en éste.

Reforma al poder Judicial, otro riesgo

De acuerdo con el experto en controversias constitucionales votar por quien imparte justicia, genera gran incertidumbre y preocupación en todos los sectores, pues se mina la autonomía, independencia, imparcialidad y capacidad de los juzgadores.

La discusión sobre la iniciativa de reforma al poder Judicial no atiende a la mejora de fiscalías, policías de investigación, autoridades administrativas ni la corresponsabilidad que sí tiene el poder Legislativo al emitir sus leyes inconstitucionales. Y tampoco se esfuerza por mejorar la profesionalización de los impartidores de justicia. Son temas que no son materia de la iniciativa.

“El principal foco de preocupación de nuestros socios comerciales se centra en la elección por voto popular de personas juzgadoras que pierde filtros de capacidad profesional, calidad, estudios, una carrera judicial, una vocación”, precisó el especialista.

Asimismo, opinó que se pierden los filtros de capacidad, calidad, experiencia profesional, estudios, vocación y carrera judicial y se fomenta que puedan ser colocados por virtud de amiguismo o de afinidad jurídica o cercanía con factores reales de poder político, económico o en el peor de los casos, criminal.

Obstáculo para crecer

Cada mes, el Banco de México publica los resultados de la encuesta de especialistas del sector privado, donde se observa que una cuarta parte de los expertos consultados, identifica la falta del Estado de derecho, y al crimen como los principales obstáculos que enfrentan las empresas en el país para hacer negocios.

De acuerdo con la encuesta más reciente, publicada a principios de mes, 27% de 40 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado, nacional y extranjero, identifican al Estado de derecho como el principal obstáculo para el crecimiento.

Esta proporción de expertos que señalan esta variable no se ha modificado desde julio del 2022.

Estrategas de inversión referidos por la consultoría FocusEconomics destacan que la incertidumbre sobre las reformas constitucionales y la del poder Judicial en específico pueden ya estar ya frenando a la inversión.