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El propósito principal de las modificaciones es reducir la carga impositiva que tienen las pequeñas y medianas empresas respecto a sus trabajadores.
Los principales mercados de América Latina enfrentan grandes retos en materia tributaria por la ralentización de la economía global, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) será de 3,5% en 2019. América Latina no escapa de este escenario poco alentador, pues para esta región el organismo incluye una corrección a la baja de dos puntos porcentuales, que ubica el crecimiento del PIB regional en 2% este año.
Con el objetivo de enfrentar estos desafíos, y unido a las diversas dificultades domésticas que presenta cada país en la región, Brasil, Argentina, México, Perú y Chile son los países que preparan reformas estructurales a sus finanzas este año.
“Lo más importante en el caso latinoamericano es mantener la expansión con políticas sociales y que los cambios no afecten a los más vulnerables. Hay que volver a las políticas microeconómicas a término medio”, dijo Alejandro Werner, director Western Hemisphere Department, cuando el FMI entregó los datos de crecimiento.
Brasil apunta a las pensiones
Con una deuda pública que ya representa más de 80% del PIB, el gobierno de Jair Bolsonaro enfrenta un pulso en el Congreso para modificar el sistema pensional y obtener un recaudo de US$270.000 millones. Esto, le devolvería al país la calificación de inversión que perdió en 2015. “La reforma a las pensiones en Brasil es demasiado ambiciosa como para que el Legislativo la pase sin modificaciones. Estimamos que con el cambio al sistema de pensiones solo recaude US$133,7 millones”, dijo Gustavo Arruda, economista de BNP Paribas.
Una de las cláusulas más polémicas de la reforma es la edad de pensión de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 20 años. La propuesta incluye un período de transición de 12 años, y a medida que avance el plazo, las exigencias para obtener la jubilación son más rígidas.
Argentina le cumple al FMI
En un año en que el oficialismo no empieza de forma favorable para las elecciones presidenciales, el gobierno está obligado a pasar ante el Congreso la reforma previsional y laboral, condiciones del FMI para prestarle US$20.400 millones a Mauricio Macri durante 2018.
“Argentina tiene un desafío muy importante por delante, necesita inversiones para crecer y generar empleos. En ese marco, sí o sí hay que hacer dos cosas: la primera, una reforma laboral, pero real; y luego sendas reformas previsionales”, dijo Darío Épstein, contador público nacional en Argentina durante una rueda de prensa.
El propósito principal de las modificaciones es reducir la carga impositiva que tienen las pequeñas y medianas empresas respecto a sus trabajadores para que haya mayor inversión empresarial y reducir el déficit fiscal del país gaucho ahorrando con el fondo de pensiones.
México para los trabajadores
Los expertos aseguran que después de un año de incertidumbre por las elecciones presidenciales, México no ha podido dar un parte de garantía a los inversionistas durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Tras su polémica decisión sobre la interrupción en la construcción del aeropuerto Naim, propone aumentar el salario básico de los trabajadores en 20%, mediante una reforma laboral, que además propone aumentar derechos sindicales.
“Desde que Obrador llegó al poder, ha sido clara cuál será la línea para gobernar. Los inversionistas temen invertir en la economía por sus decisiones populistas”, dijo José Luis de la Cruz, director del Idic.
Perú reduciría déficit
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, dijo la semana pasada que su país está en proceso de volver al déficit fiscal de 1% con una reforma tributaria que prepara su gobierno para presentar este año. “Somos un país de ingreso medio y las estadísticas muestran que solo 10% de estos países pueden dar el siguiente paso para ser un país desarrollado”, dijo el jefe de la cartera.
Chile aumentará el aporte 4%
El presidente Sebastián Piñera anunció la semana pasada que ya se presentó ante el Legislativo una reforma que incluye el alza gradual de 4% del aporte previsional e incentivos para aplazar la jubilación y darle un respiro al sistema.
Las medidas contemplan un seguro solidario, que sería financiado con 0,2% de cargo al empleador para que después obtenga una remuneración adicional sobre el monto base que percibe después del retiro.
El gobierno recaudará US$3.500 millones y subirá el porcentaje de los ingresos básicos, que había sido instaurado en la era Pinochet en los 80.
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